En los foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia, organizados por la UNAM, la directora de la Facultad de Derecho, Sonia Venegas, destacó que las democracias más consolidadas en el mundo no tienen la forma de elección de jueces y magistrados. Durante su participación en la mesa cuatro Elección de jueces y magistrados por voto popular, efectuada en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, la especialista subrayó: el electorado promedio no dimensiona el papel de los juzgadores en el funcionamiento de su país, y esa es la sentencia que se debe ponderar.

Las elecciones judiciales, recalcó, no pueden llevarse a cabo en naciones donde se carece de cultura judicial; tampoco se trata únicamente del derecho a elegir, sino de lo que implica en la vida cotidiana. El caso boliviano, ejemplificó, ha tenido un resultado desastroso.

Los juristas, académicos e investigadores universitarios coincidieron en que el mecanismo de elección de lo juzgadores del país por medio del voto popular no es el que se necesita. Además, recurrir al sistema electivo, insistieron, no garantiza la profesionalización ni independencia de los impartidores de justicia.

Héctor Huitrón Cruz, profesor de la FES Aragón, calificó de inquietante que un juzgador sea votado por ser carismático, o del agrado de la sociedad. No todos los votantes sabrán si la formación, el desarrollo, la experiencia o el conocimiento del aspirante en el ámbito judicial serán suficientes para su encargo. En este caso, precisó, no veo viable el voto popular; lo que se requiere es invertir en el Poder Judicial para que tenga mayor capacidad de resolución.

El académico de la FES Acatlán Rodolfo Rubén Islas Ramos opinó que está a debate un nuevo paradigma en la manera en que el Poder Judicial debe ser representante del pueblo mexicano. Que la ciudadanía tenga el derecho de votar por sufragio directo, universal y secreto a sus miembros, desde los ministros de la SCJN hasta los jueces federales y de los estados, implicará dotarlo de representatividad ciudadana.

La reforma planteada, manifestó, atiende a esa preocupación y eso es uno de sus méritos; el otro, es que establece un sistema en el que no se ignora la capacidad de las personas juzgadoras. Pero le falta incluir la figura del jurado popular, que existe en otros sistemas democráticos y que daría un sentido más democrático y ciudadano a la impartición de justicia. Las personas sabemos elegir; necesitamos un sistema por elección calificado. Eso es lo que requiere la República, añadió.

Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), consideró que no se debe plantear una solución homogénea para los poderes judiciales, sino pensar en reformas específicas. Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se requiere una reforma: se tiene que transitar a un mecanismo que garantice tanto la independencia política como la competencia técnica de las personas que la conforman.

El jurista aseveró que para realizar una modificación real del sistema de justicia hay que discutir el funcionamiento de los tribunales, sobre todo locales, junto con los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia.

Ariel Rojas Caballero, magistrado federal, evaluó que lo más grave de elegir a los juzgadores mediante voto popular es que no se garantiza ni su profesionalización, ni su independencia. Lejos de democratizar el proceso, lo agravará y perjudicará a los que menos tienen y a los más débiles. Traerá la muerte del derecho. Es indudable la necesidad de una reforma judicial, pero apegada a los estándares internacionales.