La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen que eleva a rango constitucional los beneficios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que las personas de entre 18 y 29 años que no cuentan con empleo ni están cursando algún nivel educativo reciban durante un año un apoyo mensual de por lo menos un salario mínimo.

La única modificación al documento –que fue aprobado por 38 votos a favor y sólo una abstención– fue producto de una reserva presentada por Morena para que la edad de los beneficiarios se escribiera con letras y no con números. Esto es, en vez de definir la edad de 18 a 29 años, se cambió a de dieciocho a veintinueve años.

De acuerdo con la comisión, el propósito de adicionar un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución es que los jóvenes beneficiarios de este apoyo se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.

El dictamen, avalado anoche por todas las bancadas, resaltó que, aunque las personas de ese rango de edad representan casi 20 por ciento de la población nacional, no han recibido atención suficiente por parte de los gobiernos anteriores.

“La culpa y la responsabilidad del Estado por la precaria situación de los jóvenes se trasladó a éstos, a quienes despectivamente se etiquetó como ninis (ni estudian ni trabajan), no obstante que el propio Estado tenía –como tiene– la obligación de prestar y hacer factible la educación pública y crear las condiciones necesarias para hacer realidad el derecho de las personas al trabajo”, subrayó el documento aprobado.

Luego de recalcar que el apoyo económico a los jóvenes no es una prebenda o beneficio clientelar, el dictamen estableció que su otorgamiento debe llevarse a la Constitución para que no dependa del vaivén de los intereses políticos transitorios de personas y grupos, y para otorgarle estabilidad y proyección de futuro.

Durante el debate, legisladores de todos los partidos se manifestaron a favor de la iniciativa presidencial, aunque el PAN, a través del diputado René Figueroa Reyes, presentó una reserva –finalmente desechada– por considerar que la entrega del apoyo económico sólo a jóvenes sin acceso al empleo o la educación es discriminatorio, por lo que pidió que fuera de aplicación universal, esto es, para todas las personas en este rango de edad.