Buenos Aires., La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará el día 14 de este mes en el juicio que investiga el intento de magnicidio que sufrió el 1º de septiembre de 2022, cuando era vicepresidenta.

El proceso ha demorado tanto tiempo, sin explicación, estando acusados los responsables materiales del hecho que conmocionó al mundo: un hombre infiltrado en una multitudinaria manifestación de apoyo en la puerta de su casa intentó dispararle a la vicepresidenta –a escasos centímetros de la cabeza– y aunque apretó el gatillo dos veces el arma se atascó, lo que fue registrado por un camarógrafo que cubría el acto, lo que permitió detener de inmediato al agresor.

Sin embargo, la jueza a cargo, María Eugencia Capuchetti, detuvo las actuaciones pese a que se le presentaron pruebas que apuntaban a los responsables intelectuales del hecho, vinculados al gobierno derechista de Mauricio Macri (2015-2019), con lo cual el proceso entró en punto muerto.

Recién el 26 de junio se llevó a juicio oral en los tribunales federales, teniendo como acusados a Fernando Sabag Montiel –el que disparó y al que se le trabó la pistola– a Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de la llamada banda de los copitos (de maíz), ya que aparecieron como vendedores, cuando en realidad iban reuniendo datos sobre los movimientos de la ex mandataria. La acusación es por tentativa de homicidio doblemente calificado, con alevosía, por ser planificado entre dos o más personas y agravado por el uso de un arma de fuego. La pistola se le cayó de las manos a Montiel y de inmediato los jóvenes que rodeaban a Fernández lo detuvieron.

Hubo allanamientos y se incautaron los celulares de los implicados; por sus mensajes se llegó hasta el movimiento pronazi Revolución Federal, responsables de violentas manifestaciones y amenazas criminales contra la ex mandataria y activistas sobre derechos humanos.

Errores en la pesquisa

Pero el celular incautado a Montiel fue vaciado, supuestamente por una mala maniobra de un policía en el juzgado de Capucheti. Gracias a los otros se pudo reconstruir parte del plan para asesinar a Fernández, quien aún cuestiona que la justicia decidiera no investigar a los financiadores de los copitos y Revolución Federal, pese a la pruebas al respecto. Ahora desfilarán 277 testigos en el juicio que, además, tendrá una instrucción suplementaria, con medidas que no se tomaron hasta ahora o que fueron deficitarias. Entre ellas peritar nuevamente el celular del principal acusado.

Capuchetti, cuyos vínculos con partidarios del ex presidente Macri salieron a la luz, no quiso incluir en el juicio a los autores intelectuales del intento de magnicidio, ni otras pistas. Fernández de Kirchner es la dirigente política argentina más importante y la más perseguida por los medios de comunicación, que son parte del lawfare –la guerra mediática y judicial– que se inició cuando era una brillante senadora, en los años 90. Esto se agravó cuando fue elegida presidenta en 2007, sucediendo a su esposo Néstor Kirchner –ya fallecido– y se disparó más aún en 2011, durante su segundo mandato.

Sólo basta recordar las portadas de algunas revistas, las noticias falsas y la apertura de decenas de causas –sin pruebas– bajo el gobierno de Macri, en lo que participaron también los manejadores de fondos Buitres, como Singer que creó una fuerza de tarea para desestabilizar su gobierno, con participación de la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y especialmente la fundación Cadal, sostenida y financiada por el lobby cubano-americano de Miami.

No hay en la historia argentina una dirigente tan perseguida, después del ex presidente Juan Domingo Perón y su esposa, Eva. Pero en el caso de Fernández de Kirchner, la persecución y las noticias falsas continúan hasta ahora, cuando sigue siendo la más importante dirigente política de este país –cuyos detalles podrían caber en un libro–lo cual enfrenta con una entereza admirable.