Santiago. Una vez más, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha fracasado en su intento de reformar el sistema de pensiones chileno, que se sustenta en el ahorro individual y que paga jubilaciones misérrimas, para avanzar al menos parcialmente a uno mixto que con base en la solidaridad intergeneracional provea seguridad social.

Tras más de dos años de bregar en el Parlamento para que sucesivas versiones del proyecto inicial, modificado una y otra vez conforme se volvían inviables frente a la mayoría derechista, el gobierno se resignó a conseguir un acuerdo en el Senado para retomar el asunto hacia finales de año, después de las elecciones municipales de octubre y de la discusión del presupuesto fiscal 2025.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la reforma sea aprobada, por lo menos en los términos que interesan al gobierno de Boric, no hay piso político para ello.

Y es que hace dos décadas que sucesivos gobiernos fallaron en modificar lo que es considerado piedra angular de la economía neoliberal que montaron los chicago boys durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que hasta el presente sirve para financiar a los grupos económicos, favorecidos en los años 80 con la privatización barata de las empresas públicas: eléctricas, sanitarias, bancos, puertos, ferrocarriles, minería, salud, etcétera.

Básicamente, el ahorro previsional, equivalente a 10 por ciento del salario mensual y sin aporte del empleador, se transfiere al control de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que cobran mensualmente entre 1.5 y 2 por ciento de la remuneración, dineros que invierten en acciones, bonos, fondos mutuos y otros títulos en el país y el extranjero.

Distribuidos en cinco fondos de diferente riesgo, hay 300 mil millones de dólares, de los cuales los grupos económicos se nutren para financiar sus negocios.

Desde que se establecieron en 1980, las AFP han ganado el equivalente a 8 mil millones de dólares; por contrapartida, 50 por ciento de la pensiones que pagan a 1.9 millones de jubilados son inferiores a 180 dólares mensuales.

Está pendiente de aprobación, un incremento de 6 puntos en la cotización mensual que ahora correría a cuenta de los patrones. La noción de la centroizquierda ha sido que ese 6 por ciento vaya a un sistema de reparto colectivo, un fondo intergeneracional, lo cual sería una transformación sustantiva al modelo pinochetista.

Pero la derecha se ha opuesto rotundamente a ello, a fin de cuentas la individualidad es una característica principal del neoliberalismo, de modo que se atrincheró en que la totalidad del aporte patronal vaya a las cuentas personales.

El gobierno de Boric, entre ansioso y desesperado por algún acuerdo, fue cediendo sucesivamente, del seis se pasó a cuatro y dos; después a tres y tres, luego a dos y finalmente a un punto destinado a un fondo común. Pero la intransigencia de la oposición es absoluta: nada a ahorro colectivo.

Desde la coordinadora ciudadana No + AFP pidieron al gobierno retirar la reforma porque “se ha esmerado tanto en satisfacer a la derecha que su propuesta ya no significa ningún cambio a lo existente“; mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) declaraba que no hay que insistir en una reforma que no va a tener impacto en las personas.

Bajo el eslogan con mi plata no, las AFP desplegaron una campaña comunicacional tergiversando que los 6 puntos extras no saldrían del patrón, sino del salario. Y también han hecho un lobby sin tapujo entre senadores y diputados, el más reciente denunciado esta semana por la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, la existencia de una minuta para una vez más bloquear el proyecto gubernamental.

Tratar de presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor, dijo ella, mientras la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acusó que se estaba tratando de intervenir en las definiciones de los parlamentarios en torno a los acuerdos alcanzados.

También el ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró que cuando vi esta minuta me pusieron muchas dudas respecto a si la Asociación de AFP era capaz de escribir y distribuir una minuta que es muy extrema y tiene juicios políticos sobre las intenciones que tendría el gobierno.

Lejos de cualquier arrepentimiento, las AFP insistieron en que están en su derecho de hacer presión.