Sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia plantearon que la Fiscalía General de la República (FGR) retome el informe final que presentó el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad para reactivar las investigaciones en contra de quienes cometieron graves violaciones a derechos humanos en ese periodo.

En entrevista, apuntaron que la Fiscalía cuenta ya con un análisis sistematizado, que le permitirá consignar casos ante los jueces, tanto de los que en su momento fueron denunciados como de los 591 perpetradores que aparecen en el reporte Fue el Estado (1965-1990), que consta de seis volúmenes y que documenta por lo menos 8 mil 594 víctimas.

Tita Radilla, quien desde el 25 de agosto de 1974 empezó la búsqueda de su padre, Rosendo –detenido y desaparecido ese día por militares en un retén de Atoyac, Guerrero–, señaló que el informe que presentaron el viernes los comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart reveló información relevante, a pesar de las trabas, de la protección que sigue del gobierno hacia el Ejército.

Enfatizó que es momento de que el Presidente ordene otra vez a la institución castrense que entregue los archivos que están en su poder, a fin de que las familias de personas desaparecidas e investigadores tengan acceso a los documentos para que se realicen indagatorias reales y efectivas.

Es el momento para terminar con esta incertidumbre, que las familias sepan la verdad y la sociedad pueda conocer estos terribles hechos, reiteró.

La también presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, insistió en que el reporte, aunado a la otra parte de la indagatoria que realizó la comisionada Eugenia Allier, serán un gran aporte para continuar las investigaciones sobre crímenes como desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, masacres y otras violencias.

Por su parte, Alicia de los Ríos, hija homónima de la guerrillera de la Liga Comunista 23 de Septiembre (Liga 23), desaparecida en enero de 1978 por la Brigada Blanca, coincidió en que la FGR debe reactivar las investigaciones.

Señaló que si bien es importante que el Estado mexicano asuma su responsabilidad pública por las violaciones perpetradas en la guerra sucia, también es clave que el Ejército abra sus archivos y que los militares retirados hablen.

Martha Alicia Camacho Loaiza, ex militante de la Liga 23, reclamó que durante cinco décadas ha faltado voluntad política para esclarecer los crímenes, además de que el Ejército continúa con ese hermetismo de impedir el acceso a sus archivos. Han sido 50 años, es justo que tengamos justicia.