El alcalde Raúl Ortega y la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, instalaron ayer la comisión de transición de gobierno, a fin de realizar el traspaso de poder de manera organizada, transparente y calendarizada.

Tras la reunión que tuvieron en el Salón de Cabildos y un recorrido por las diferentes áreas de la alcaldía, Rojo de la Vega señaló que está pendiente la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México respecto de una cuarta impugnación en su contra.

La candidata de Morena intenta utilizar la figura de violencia política de género para anular la elección, y creemos que el tribunal lo hará porque hemos visto todas las ilegalidades e irregularidades en que ha incurrido, señaló.

Con el apoyo del magistrado Armando Ambriz, muy cercano a la familia que perdió aquí en la Cuauhtémoc, buscarán dejarnos fuera, pero nos defenderemos nuevamente ante la sala regional (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), que como en las tres ocasiones anteriores, nos dará la razón, confió.

A más de 75 días de concluir la elección, lamentó: seguimos en lucha, pero vamos a ganar la batalla legal y trabajaremos más allá de colores partidistas por los vecinos, a fin de hacer el mejor gobierno que ha tenido en la historia de esta demarcación territorial.

Litis podría alargarse

Hoy tengo la constancia que me acredita como alcaldesa electa, aunque no les guste a quienes no saben perder, y llevaremos a cabo el proceso de transición en espera del resultado del tribunal y de promover nuestra defensa, lo cual puede durar hasta el 30 de septiembre, un día antes de rendir protesta, dijo.

Por medio de mesas de trabajo se mostrará al nuevo equipo el estado en que están los recursos humanos, materiales y financieros, y los programas, presupuestos, inmuebles, obras públicas, adquisiciones, auditorías y asuntos en trámite, precisó Raúl Ortega.

El alcalde señaló que se trabajará en armonía para que el nuevo gobierno, que estará en funciones para el trienio 2024-2027, cuente con los elementos necesarios que den seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos.