a hoy histérica familia judicial, alebrestada por una reforma a punto de ser aprobada por el Congreso, tiene todas las características de la clásica famiglia mafiosa, en la que los lazos de sangre, los intereses personales y el factor económico de la clientela determinan su funcionamiento, es decir, a quién sí y a quién no se atiende, en cuánto tiempo y quiénes tienen el derecho de ser agraciados con uno que otro sabadazo en eso que ella califica de impartición de justicia.

Es claro que el Poder Judicial no pertenece al Estado mexicano, sino a la parentela (por lo menos a 50 por ciento) de quienes ocupan los principales cargos jerárquicos de esa institución. Tanto que fue criticado el ex presidente José López Portillo por presumir el orgullo de mi nepotismo (su hijo José Ramón), para que al final de cuentas todos los jerárquicos que imparten justicia tengan en nómina a un ejército de familiares, amigos, compadres y comadres, con todo y el acuerdo del propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF, Plan Integral de Combate al Nepotismo), que en su parte medular subraya:

De acuerdo con la nueva política del CJF, es fundamental recuperar la confianza ciudadana y la legitimidad del Poder Judicial. Uno de los ejes centrales para lograr ese fin es el combate al nepotismo, lo que además permite prevenir cualquier potencial conflicto de interés, favoritismo, problemas de convivencia laboral o riesgos de corrupción.

En México, dice, la figura del nepotismo se reguló en la Ley Federal de Austeridad Republicana, aunque ya existían disposiciones (por ejemplo, La ley General de Responsabilidades Administrativas y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales) que prevenían y sancionaban dicha práctica, violatoria del derecho humano a la participación e igualdad de acceso a los cargos públicos, previsto en el artículo 23.1 inciso c, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ante tal panorama, subrayaba el CJF, es necesario desarrollar una auténtica política que resuelva el problema de origen y elimine los efectos nocivos que han provocado la opacidad y la falta de acción frente a dicho fenómeno.

Obvio es que en el Poder Judicial de la Federación se han pasado por el arco del triunfo tanto el citado Plan Integral de Combate al Nepotismo como la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, y todas las relativas a combatir el nepotismo.

Queda claro el porqué del alebreste y la histeria de los jerárquicos del Poder Judicial (¡la famiglia es primero!), quienes ayer ordenaron la suspensión de labores en demanda de que se detenga la reforma judicial que pretende procesar la mayoría en la Cámara de Diputados, la cual, según dicen, conlleva graves implicaciones para la carrera y la independencia judiciales, y la democracia del país.

Pues bien, esas graves implicaciones han sido documentadas por La Jornada (Gustavo Castillo): El Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, base del citado Plan Integral de Combate al Nepotismo, en 2022 detectó que en tribunales y juzgados federales existían 6 mil 755 redes familiares; 41 por ciento de los funcionarios con cargos administrativos aceptaron tener parientes en la Judicatura y también 57 por ciento de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que desarrollaron la carrera judicial. Las redes familiares detectadas iban desde dos hasta 79 parientes con cargos dentro de la Judicatura.

En dicho año, “el personal del Poder Judicial totalizó 56 mil 201 personas, de las que 48 mil 430 estaban activas y 7 mil 771 inactivas; la mayoría reportó tener redes familiares; del personal activo, 49 por ciento declaró contar con al menos una relación familiar con una persona servidora pública activa o inactiva. Las redes familiares existen en todos los circuitos de la Judicatura… 56 por ciento de las relaciones familiares se dan entre servidores públicos que laboran en el mismo circuito judicial” ( ídem).

De ese tamaño las graves implicaciones.

Las rebanadas del pastel

¡Gracias!, queridos argentinos: el esperpéntico Javier Milei canceló su viaje a México, donde participaría en la ultraderechista Conferencia de Acción Política Conservadora, de la Unión Conservadora de Estados Unidos. Aquí, la cara visible es otro esperpento: Eduardo Verástegui.

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