esde inicios de esta semana, funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), acompañados por un sector minoritario de trabajadores, mantienen un paro de labores indefinido en rechazo a la inminente reforma constitucional que introducirá una transformación de gran calado en los tribunales del país.

La medida de protesta no es compartida por la organización sindical mayoritaria, algo lógico si se considera que no se trata de una reivindicación o defensa de derechos laborales –los cuales no están amenazados de ninguna manera por dicha reforma, como algunos han querido presentarlo–, sino un movimiento que busca preservar arraigados privilegios, vicios y distorsiones en los altos niveles del Poder Judicial. De hecho, desde la semana pasada el sindicato de trabajadores del PJF señaló que secretarios seccionales y miembros de su comité ejecutivo nacional han recibido llamadas o mensajes de impartidores de justicia que los amenazan o presionan para que se solidaricen con la suspensión de labores.

La principal promotora del paro, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), intenta que el Congreso de la Unión suspenda el proceso legislativo de la reforma judicial, una pretensión que no sólo va a contrapelo de la voluntad popular mayoritaria –la cual, en la elección del 2 de junio, se manifestó de manera inequívoca por la realización de tal reforma–, sino que constituye una clara violación al principio de separación de poderes, en la medida en que busca doblegar al Legislativo y someterlo a la voluntad arbitraria de un conjunto de jueces, magistrados y empleados judiciales.

Significativamente, entre integrantes de la Jufed y los empleados administrativos que se sumaron a la suspensión de labores existe un vínculo que fue documentado en el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para combatir el nepotismo: cerca de 60 por ciento de ellos, a decir del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, “tienen una relación directa, familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el CJF, a través de magistrados y jueces (…). Ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores”.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador no escatimó la ironía al señalar que la suspensión de labores no le va a importar a la mayoría de los mexicanos y hasta nos va a ayudar, porque si no están los jueces, magistrados y ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado, y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco.

Ciertamente, la medida de presión de empleados y funcionarios del Poder Judicial es de las que pueden ser contraproducentes para sus promotores, no sólo porque ha causado ya una división en el personal de esa institución, sino también porque pone en evidencia la falta de argumentos y de razones de quienes se han ido al paro: lo sepan o no, su lucha no es en defensa de la independencia o la autonomía de los tribunales, ni de derecho laboral alguno, sino por la preservación de prebendas ilegítimas y ofensivas, intereses facciosos y una opacidad que debe ser erradicada cuanto antes.