Al ratificar un amparo a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revivió ayer el caso que había librado Raymundo Collins Flores por uso ilegal de facultades y atribuciones.

En su sesión, con cuatro votos de los cinco ministros, se dejó sin efectos la resolución de un juez de control del fuero común que declaró prescrito el delito que se le imputaba al ex funcionario por su presunta responsabilidad en la adquisición de un inmueble, cuyo valor supera 75 millones de pesos, cuando estuvo al frente del entonces instituto (2012-2018).

Collins, también ex secretario de Seguridad Pública en 2018, fue imputado por la Fiscalía General de Justicia por ese ilícito.

En efecto, según se advierte del acto reclamado, debido a la conducta imputada al tercero interesado, el instituto quejoso se obligó a cubrir 75 millones de pesos por el inmueble adquirido en su nombre, por lo que es inconcuso que su patrimonio se vio comprometido con dicho acto jurídico, al tratarse de un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio con el cual se liquidan ese tipo de obligaciones, de ahí que los hechos investigados son susceptibles de generar daño económico, señala el amparo directo 104/2020.

El Invi impugnó la sentencia del juez de control que declaró prescrito el delito. Sin embargo, en 2021 la séptima sala del Tribunal Superior de Justicia local amparó a la institución capitalina al reconocer que fue víctima, ya que alegó que no fue llamada al juicio, por lo que se le impidió ofrecer datos de prueba y tener un verdadero acceso a la justicia.

En la primera sala, el proyecto fue presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Al ser avalado, las autoridades judiciales de la capital deberán reponer el procedimiento de la audiencia de prescripción y se podrán escuchar los argumentos del Invi.