En los recientes 24 años, Grupo México ha operado en el país una captura corporativa del Estado para seguir en total impunidad y multiplicar su fortuna en más de 900 por ciento, al pasar de 7 mil a 28 mil millones de dólares en ese tiempo, dejando a su paso destrucción, contaminación, enfermedad y muertes, acusaron los Comités de Cuenca del Río Sonora y académicos.

Patrocinio de campañas políticas, la contratación de ex funcionarios a través de la puerta giratoria y procesos judiciales que los abogados de la empresa encaminan para que concluyan sólo en sanciones administrativas, son algunas de las acciones que el consorcio de Germán Larrea ejecuta para no reparar los daños de manera integral a las comunidades y trabajadores afectados, puntualizó Martha Patricia Velarde, integrante de los comités.

En el caso del río Sonora, el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México causa estragos en la economía de la región y graves afectaciones a la salud humana, que derivaron únicamente en sanciones, indicó.

En el conversatorio Impunidad Corporativa Trasnacional, convocado por la asociación civil Poder, que acompaña legalmente a personas que sufren daños a su salud, la habitante afectada del municipio de Baviácora señaló que también el consorcio minero emplea el lobby legislativo para influir en la forma en que se redactan las leyes y así dejar vacíos legales que (la empresa) utiliza a su favor, además de crear autorregulaciones para incumplir sus responsabilidades.

Ejemplo de ello, expuso, fue la denuncia penal que interpuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contra el consorcio; sin embargo, en contubernio con el gobierno de Enrique Peña Nieto decidieron llevar este proceso hacia un área administrativa para llegar a un arreglo, como el Fideicomiso río Sonora, cuyos recursos por 2 mil millones de pesos han sido insuficientes para reparar el daño a las ocho comunidades.

Como ese caso de destrucción del ambiente, Grupo México también vertió tóxicos al río Bolaños en Jalisco, en 2010; río Santa Cruz en Nogales, Sonora, en 2014, y cinco años después en Sombrerete, Zacatecas, y el Mar de Cortés, anotó Raúl Ornelas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El investigador consideró a la trasnacional no como una empresa socialmente responsable, sino una compañía criminal, cuyo poder económico no sólo radica en la minería, sino en un imperio industrial que se ha diversificado en los ferrocarriles, la infraestructura y el entretenimiento.

Las afectaciones en las empresas de Grupo México también se extienden a las personas que emplea, como el caso de las huelgas en Cananea, Sombrerete y Taxco, que estallaron en 2007 ante la falta de seguridad, así como el asesinato industrial de 63 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006.

Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, apuntó que en las minas de carbón propiedad de Grupo México tienen documentadas 588 muertes de mineros y en ningún caso, afirmó, se ha sancionado a la empresa.