Integrantes de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), encabezados por su directora nacional, Juana Fuentes Velázquez, sostuvieron una reunión con funcionarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde documentaron los preocupantes avances de las reformas promovidas por el Gobierno de México para afectar la independencia judicial de las personas juzgadoras y la nula disposición a la negociación.

La Jufed señaló que hicieron saber del acrecentamiento del clima de hostilidad en contra de la judicatura en las últimas horas, como consecuencia de la decisión de someter a votación la suspensión de actividades ante dicha reforma y la nula disposición de negociación por parte de los legisladores y el Poder Ejecutivo, violando así las convenciones internacionales.

Expuso que el discurso oficial enfatizó las consecuencias penales a las que se enfrentarían los juzgadores federales mexicanos por defender la división de poderes y oponerse a la propuesta de elección popular de personas juzgadoras, incluso mediante la utilización de un sistema de sorteo.

Por separado, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) solicitó a la CIDH una audiencia específica para tratar diversos casos, entre ellos, el de México, en el que, dijo, se compromete la independencia de poderes judiciales en la región.

En su escrito, apuntó que el Poder Ejecutivo promovió a inicios de 2024 un proyecto de ley que, entre otros aspectos, impulsa la elección popular de los jueces, utilizando mecanismos que permitan el voto de la ciudadanía para la elección de los magistrados que integran el Poder Judicial. Eso, dijo, equipara esta metodología a la elección popular de los cargos políticos que habrán de integrar los otros poderes del Estado.

“Este avasallamiento, persigue modificar el sistema actual de México en el cual el Juez es designado por nominación del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Esa selección observa la carrera judicial del nominado, sus capacidades, antecedentes e idoneidad para el cargo propuesto.

Este proyecto no sólo propone que el sistema de voto popular sea aplicado a todos los magistrados (desde los integrantes de la Corte Suprema de Justicia hasta los jueces estaduales). También postula su aplicación en forma retroactiva. Este último supuesto importa un mecanismo solapado de remoción de jueces, desde que avasalla los derechos adquiridos por aquellos magistrados designados por el sistema constitucional vigente al momento de su designación.