o es una ruptura, ni un paso jurídicamente sustentado, pero sí un artificio arriesgado en materia de relaciones políticas, económicas y fundamentalmente comerciales con el poderoso país vecino, Estados Unidos, y con el otro socio importante en el contexto subcontinental, Canadá. No se rompen relaciones diplomáticas ni se expulsa a los embajadores considerados injerencistas, sólo se pone en pausa, respecto a éstos (Ken Salazar y Graeme C. Clark), la comunicación, el contacto (que en el caso del estadunidense era frecuente, aparentemente amistoso y con temario amplio).

A unos días de entrar al mes de su sexenio que tal vez vaya a ser el más intenso (y vaya que los ha habido desde 2018), el Presidente saliente sostiene una postura de rechazo a las declaraciones de los mencionados embajadores (que son las posturas de los gobiernos de esos países, no las personales de los representantes diplomáticos).

Dicha postura andresina le permite cerrar a tambor batiente su periodo constitucional y ondear la bandera del nacionalismo y la soberanía, lo cual seguramente se expresará el 1º de septiembre en el acto masivo organizado para presentar el sexto y último Informe presidencial y a lo largo de ese septiembre de la patria en que la llamada Cuarta Transformación habrá de estrenar y ejercer su arrolladora mayoría calificada en el Congreso de la Unión con la aprobación de reformas constitucionales, entre ellas la causante de los diferendos diplomáticos, la judicial, y, en segundo plano pero concurrente, la de la desaparición de cuando menos siete órganos constitucionales autónomos.

En todo caso, las consecuencias de lo que suceda en lo que resta del periodo obradorista, a poco más de un mes de que termine, habrán de ser enfrentadas por la entrante, Claudia Sheinbaum Pardo, que ayer expresó respaldo al posicionamiento del tabasqueño que en unas semanas pasará a residir en Chiapas.

A la presidenta entrante, aunque de manera especial al saliente, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos expresó su grave preocupación por las reformas, la judicial en primer término, pero también otras, que el Congreso federal abordará a partir del próximo 1º con una aritmética legislativa que otorga al morenismo una facultad casi automática de hacer aprobar cualquier propuesta.

Véase el grado de advertencia del citado comité senatorial estadunidense: nos preocupa profundamente que las reformas judiciales propuestas en México socaven la independencia y transparencia del Poder Judicial del país, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos compartidos por nuestras dos naciones. También nos alarma que varias otras reformas constitucionales actualmente en discusión puedan contradecir los compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, cuya revisión está programada para 2026.

Es lamentable la manera en que han cerrado las reuniones entre el presidente López Obrador, quien despertó una esperanza a partir de 2018 respecto a la posibilidad de alcanzar verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y los familiares de éstos, quienes han señalado que no hubo suficientes avances, pues todo se frenó llegado el momento de indagar a fondo el involucramiento del poder militar. Terminamos mal, sintetizó el abogado Vidulfo Rosales, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Y, mientras la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ha dado entrada a la pretensión panista de que este órgano se pronuncie respecto a la asignación de asientos legislativos por la vía de representación plurinominal (en el fondo, respecto a la mayoría calificada), en lugar o por encima del Tribunal Electoral federal (que es considerado el órgano que emite la palabra final), ¡hasta mañana, con la misma Piña y otros ministros suspendiendo una sesión de la sala superior de la Corte para solidarizarse con el paro de trabajadores del Poder Judicial!

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