La Asociación Internacional de Jueces (AIJ), con sede en Roma, solicitó al Poder Ejecutivo mexicano que reconsidere su actual plan de reforma a la luz de las ideas y principios establecidos en documentos internacionales que han implementado estándares para importantes cuestiones de independencia judicial.

En un comunicado, el Comité de la Presidencia, que representa a 92 asociaciones de jueces de prácticamente todos los continentes, señaló que introducir el voto popular como decisión final y decisiva en el proceso de designación de jueces es contraria al principio de que los togados deben ser nombrados con base en el mérito y criterios objetivos respecto de sus habilidades profesionales, y no puede proporcionar nombramientos con base en esos principios.

Apuntó que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), propuesta potencialmente por el Ejecutivo mexicano, interfiere con el principio de seguridad de la inamovilidad y que el mandato de un juez puede terminarse sólo como resultado de un proceso disciplinario o en el procedimiento en que el juzgador sería encontrado no apto para ejercer su cargo.

Pero no sólo eso, sino que la enmienda, aprobada esta semana en lo general y particular por mayoría en la Cámara de Diputados, debe ser consistente con los principios bien establecidos y universalmente aceptados de independencia de la justicia, para preservar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a tribunales independientes y a disfrutar de libertades que sólo pueden ser protegidas por jueces independientes libres de presiones y temores externos, indicó.

En el documento, la AIJ citó el Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Tribunales y Cortes Supremas de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, en mayo de 2001, donde, entre otros asuntos, concluyó que los demás poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diversos grupos y organizaciones sociales, económicas y políticas, deben respetar y hacer efectiva la independencia del Poder Judicial.

Asimismo, apuntó que los procesos de selección y nombramiento han de realizarse a través de órganos predeterminados por la ley, que también aplicarán procedimientos predeterminados y públicos que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.