Chihuahua, Chih., En 2022, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Hernández Acosta, avaló, junto con la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, una reforma a la Constitución local que permite la designación de magistrados estatales sin concurso de oposición.

Sin embargo, el martes en la noche encabezó una protesta en repudio a la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF) que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que elimina la carrera judicial.

Hernández Acosta, quien nunca ha ganado un concurso de oposición, señaló que la iniciativa es una revancha y la Cámara de Diputados pretende aprobarla mediante un falso proceso de foros legislativos.

Desde julio pasado se ha reunido con la mandataria, acompañada por los magistrados del tribunal local, con el objetivo de preparar una estrategia de amparos y otros recursos jurídicos en rechazo al esquema de elección democrática de jueces.

Entre los mecanismos de defensa jurídica, propuso al gobierno chihuahuense contratar despachos internacionales especializados en el tema, de la Corte Interamericana y solicitar medidas cautelares para evitar la aplicación de la reforma en el Poder Judicial estatal.

Públicamente, Myriam Hernández declaró que el PJF es contrapeso de los abusos de los otros dos poderes del Estado, los cuales pretenden avasallarnos y vernos como el patio de la casa del poder y de la democracia. No obstante, en mayo de 2022 promovió una reforma al artículo 101 de la Constitución de Chihuahua, junto con Campos Galván y el PAN, la cual desapareció los concursos de oposición en el TSJ y permitió la elección de magistrados sin examen, a través de una comisión política de tres personas y no una comisión técnica.

Asimismo, defendió que eliminar los concursos de oposición y el requisito de carrera judicial para concursar por magistraturas vacantes era justo porque elimina privilegios, además de que los exámenes de oposición no garantizan procedimientos transparentes.