El magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM), Armando Ambriz Hernández, y el magistrado en funciones, Osiris Vázquez Rangel, fueron denunciados en la contraloría interna por abuso del cargo.

La queja fue interpuesta por la otrora candidata de PAN, PRI y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, en la que acusa a Ambriz de ser benevolente, permisible, flexible y hasta se podría decir que complaciente respecto de las peticiones que el partido Morena y la ex candidata Catalina Monreal le han hecho llegar por medio de impugnaciones; esto, al haber aprobado –con el voto de calidad del magistrado presidente–, la revocación de un acuerdo para que la Comisión de Quejas del Instituto Electoral local realice un análisis más exhaustivo respecto de una denuncia de violencia política de género interpuesta por Monreal contra Rojo de la Vega.

Dicha queja, con folio IECM-QNA/1747/2024, fue la que dio origen al procedimiento sancionador contra la aliancista, y que dio pie a la anulación de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los acusó de estirar hasta puntos insostenibles su facultad interpretativa, como, por ejemplo, cuando ordenaron el recuento total de votos en la alcaldía sin tener una base legal para ello, de ahí que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara infundado ese acuerdo.

Insistió en que su actuar “denota no sólo posible parcialidad, sino también, careciendo de toda responsabilidad, respeto y objetividad de su cargo, contrariando la legalidad y probidad de los hechos y manifestaciones estimadas en la resolución a la que se menciona, posiblemente transgrediendo la democracia electoral.

A todas luces, la actora de dicho juicio busca obtener un beneficio democrático amparándose en una medida proteccionista, de la cual no debe ser sujeta, sobre la decisión del electorado, indica el escrito.

La también ex diputada local pidió a la contraloría admitir su queja e instalar el procedimiento que corresponda contra quien resulte responsable por la violación a la normatividad electoral aplicable.