San Salvador Atenco, Méx., De las 215 minas de material pétreo –30 de jurisdicción federal y el resto, estatal– que suministraron rocas y arena para la construcción del cancelado Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, sólo 25 han sido clausuradas; además su operación devastó el ambiente, denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Y aunque a un gran número se le acabó el permiso, operan clandestinamente y otras dejaron de hacerlo porque ya no hay quien les compre el material; pero eso no significa que estén clausuradas, señalaron integrantes del FPDT.

También dijeron que el gobierno del estado de México ha sido renuente y negligente para cerrar los bancos de basalto, tezontle, arena, grava y tepetate, cuya explotación devastó montes y cerros, sobre todo en nueve municipios donde se centró la mayoría de los yacimientos. Por lo antrerior, demandaron la remediación ambiental en el oriente del Valle de México, donde se ubican.

De diciembre de 2015 a octubre de 2018 las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mexiquense recibieron 189 solicitudes para explotar las minas y autorizaron 175. Pero junto con las que ya existían y las que laboraban ilegalmente sumaron 215; 127 de ellas no se apegaron a los procesos para operar.

El informe Diálogos por la recuperación socioambiental de la cuenca del lago de Texcoco refiere que tras cancelarse el proyecto del aeropuerto, la Semarnat identificó que 215 bancos de materiales pétreos están en los municipios de Tepetlaoxtoc, Texcoco, Axapusco, Ixtapaluca, Otumba, Temascalapa y Teotihuacán.

De éstos, 30 obtuvieron autorización federal para el cambio de uso de suelo en áreas forestales; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó la inspección física de cada una de las minas y clausuró 25; aún están en revisión cinco.

María Luisa Albores González, titular de la Semarnat, informó, el pasado 30 de agosto, durante la inauguración del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que la dependencia trabaja en los municipios impactados por la extracción minera, pues devastó cerros y contribuyó a la crisis hídrica en esa región.

Además, la Semarnat labora junto con el gobierno estatal en la revisión de los permisos de su competencia.

En tanto, Arturo González Cando y César del Valle, dirigentes del FPDT, sostuvieron que, en el caso de las minas de competencia local, el gobierno mexiquense ha sido omiso y negligente porque no las ha verificado para cerrarlas. Afirmaron que ninguno de los yacimientos cumplió con la remediación que se les exige al autorizarse la manifestación de impacto ambiental.

En los permisos dice que al término del periodo de aprovechamiento del material pétreo, los dueños de las minas deben hacer la remediación ambiental y ninguno ha cumplido, añadieron. Un caso emblemático de daños es el de la mina El Tezoyo u Ocopulco, entre los municipios de Chiautla y Tezoyuca, con 42 hectáreas, la cual es operada por la empresa Martínez Villegas, cuya extracción dejó decenas de casas casi al filo de taludes.

El informe referido indica además que la explotación del tezontle se hizo sin el cuidado necesario para evitar riesgos a la población, pues los taludes construidos como parte de los trabajos mineros no cumplen su función y podrían colapsar.