Washington y Nueva York. El nuevo canciller de Sudáfrica, Ronald Lamola, llegó a Washington esta semana para responder a intentos del Congreso y algunos funcionarios estadunidenses de castigar a su país por atreverse a presentar un caso ante al Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a Israel de genocidio.

La CIJ ya emitió un fallo en el que declaró que es plausible que Israel esté cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y emitió una orden a Tel Aviv para cesar ciertas operaciones militares, pero tanto el gobierno de Israel como el estadunidense han condenado el caso y calificado las resoluciones de carentes de mérito e incluso han amenazado a varios gobiernos que apoyan estas medidas. Sudáfrica enfrenta la fecha límite del 28 de octubre para someter sus próximos argumentos legales a fin de mantener vigente al caso.

Esta semana, Lamola dejó en claro que su gobierno procederá con el caso. Poco antes de ser nombrado ministro de Relaciones Internacionales, Lamola estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, y en ese puesto encabezó la delegación sudafricana en La Haya cuando su país presentó primero el caso contra Israel. Teníamos una obligación moral, más que cualquier otro país en Occidente, de declarar que lo que está haciendo Israel es ilegal a la luz de la Convención (para la Prevención y la Sanción del Delito) de Genocidio, declaró Lamola el martes en un foro público organizado por el Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Estado apartheid

Señaló que la CIJ ha determinado que la ocupación de Cisjordania y Gaza es ilegal y que ha emitido un fallo preliminar de que existen pruebas plausibles de genocidio. Sudáfrica, indicó, considera que Israel es un estado de apartheid y que poner fin a los envíos de armas a este país es un primer paso apropiado. Si aún tienen los medios para hacerlo, no tienen incentivo para no hacerlo, señaló.

En un discurso ante el caucus Negro del Congreso –la agrupación de legisladores federales afroestadunidenses–, Lamola subrayó la importancia de que la comunidad internacional muestre su solidaridad con el pueblo palestino, aun si esto tiene costo, como en el caso de su país. Continuaremos haciéndolo, a pesar de las amenazas que provienen de alrededor del planeta, porque creemos que lo estamos haciendo por principios, aseveró.

En sus comentarios el martes, Lamola señaló que Estados Unidos y Sudáfrica tienen desacuerdos sobre el caso ante la CIJ como también sobre la guerra en Ucrania, tema en el que los sudafricanos han insistido en que Rusia sea invitada a las pláticas de paz que Estados Unidos y Ucrania han sostenido en Suiza este año (véase https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/24/politica/sudafrica-palestina-tan-importante-como-ucrania/).

No cabe duda de que la presión estadunidense continuará. El año pasado, varios legisladores federales y altos funcionarios de ese país amenazaron con revocar el acuerdo de comercio preferencial con Sudáfrica, conocido como la Ley de Crecimiento y Oportunidad de África, como castigo por la posición de esa nación sobre Gaza y Ucrania y sus relaciones con Rusia y China como parte de la agrupación de países conocida como Brics.

Este año, legisladores de ambos partidos han promovido una iniciativa de ley que expresa explícitamente que Sudáfrica ya no será considerado un país No Alineado, sino que está del lado de Hamas, Irán, China y Rusia. Estas relaciones, afirman los legisladores en ese proyecto de ley, minan la seguridad nacional de Estados Unidos y, por lo tanto, establecen que el presidente de Estados Unidos inicie una evaluación plena de la relación bilateral con Sudáfrica.

En público, Lamola, quien ahora representa un gobierno de coalición que organizó el Congreso Nacional Africano –partido de Nelson Mandela– después de las elecciones de este año, en las que perdió su monopolio del poder, dice que está buscando reunirse con sectores del Congreso estadunidense para “persuadir a legisladores de que nuestra decisión de llevar el caso ante la CIJ está basada en la ley internacional, que estamos aceptando el derecho internacional. Estamos actuando dentro de las instituciones de la Organización de Naciones Unidas… No debería haber conflicto por el hecho de que estamos acudiendo a la Corte y estamos usando estas plataformas que nos dijeron que las democracias son para resolver disputas”. Agregó: Continuamos defendiendo los derechos humanos en Gaza; seguimos en pie con el pueblo de Palestina.

Impacto de la gira

Está por verse qué tanto impacto tendrá su gira por Estados Unidos. La agenda pública de Lamola esta semana no incluye una reunión con su contraparte estadunidense, el secretario de Estado, Tony Blinken. El gobierno de Israel, que tiene enorme influencia en la capital estadunidense, ha presionado intensamente al Congreso y a la Casa Blanca para que exija que Sudáfrica retire sus casos ante la CIJ, reportó Axios. Sin embargo, Lamola dejó en claro que eso no sucederá y que su país está comprometido en promover el tema.

Sin embargo, el gobierno de Joe Biden no tiene ningún problema con un doble criterio en torno al derecho internacional. Aunque Biden emitió una declaración formal dando la bienvenida a la decisión del fiscal en otra corte global, la Corte Penal Internacional (CPI, que se encarga de enjuiciar a individuos), de emitir órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por los crímenes de guerra que su país cometió en Ucrania, la Casa Blanca condenó vehemente las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el líder de Hamas en Gaza, Yaya Sinwar. Aún no explica cuál es la diferencia.

De hecho, Estados Unidos no es integrante de la CPI ni de la CIJ. Más aún, una ley promulgada en 2002 autoriza al presidente estadunidense a emplear todos los medios necesarios –lo que aquí es, en palabras en clave, el uso de fuerza militar– para rescatar a cualquier militar estadunidense que pueda ser presentado ante esa corte. Bautizada informalmente como ley de invasión de La Haya, fue aprobado por mayorías abrumadoras en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos.