En el caso Ayotzinapa hay intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, que han impedido llegar a la verdad y buscan desacreditar al Ejército como institución, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recalcó que ese desprestigio a las fuerzas armadas –señalándolas como responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas– busca someter a las autoridades mexicanas ante grupos hegemónicos políticos o económicos, e incluso a gobiernos del exterior.

En la mañanera, a pregunta sobre la carta que envió a las familias de los jóvenes –que La Jornada adelantó ayer en su edición impresa– y del último informe sobre el caso, el mandatario enfatizó que las fuerzas armadas han colaborado con la investigación.

Rechazó los argumentos en el sentido que los mandos militares no responden a sus instrucciones para entregar la información con la que cuentan: no me estoy chupando el dedo. Está muy difícil que me tomen el pelo, sentenció.

Deslindó una vez más al Ejército de los hechos y acotó que los militares que pudieran estar implicados –a los que se sigue proceso judicial– sería por omisiones al no reaccionar para evitar los crímenes o por vínculos con el crimen organizado, y no por la desaparición forzada.

Nunca dejamos de buscar

En víspera del décimo aniversario de los crímenes contra los normalistas suscitados entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los avances son insuficientes, aunque acotó: nunca dejamos de buscar a los jóvenes.

Al tomar posesión del cargo, el 1º de diciembre de 2018, López Obrador planteó la resolución del caso Ayotzinapa como uno de sus 100 compromisos de gobierno. A cinco días de concluir su mandato, envió los referidos documentos a los padres.

Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes, y trabajamos en eso todo el tiempo; se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación.

Se tomó el tiempo para leer completa la misiva de siete cuartillas que envió el martes a los familiares de los normalistas, y en algunos puntos hizo comentarios sobre las ideas expuestas en el documento.

A la par, refirió que les hizo llegar el tercer y último informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), así como diversos anexos.

Recalcó la posición que ha mantenido desde hace dos años al afirmar que las instituciones castrenses han colaborado y apoyado para llegar a la verdad y a la justicia en este asunto, y sobre todo, para dar con el paradero de los estudiantes.

“Hemos contado con apoyo de las fuerzas armadas. Dicen los abogados de los padres y el Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organismo que ha acompañado a las familias desde hace 10 años) que no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército, y que aunque yo tenga buenas intenciones no puedo obligarlos a que digan la verdad.

Les comento que yo soy un hombre de principios. Independientemente de que soy el comandante de las fuerzas armadas y además lo he hecho, está por escrito, dando instrucciones, órdenes, pues no me estoy chupando el dedo. Está muy difícil que me tomen el pelo; sólo Álvaro, el que me corta el cabello, me toma el pelo. No me dejo, y eso lo saben bien todos, y sobre todo mis adversarios. Entonces, al contrario, los mandos de las fuerzas armadas han cooperado, han ayudado, sostuvo.

Los mandos de las fuerzas castrenses coinciden conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia.

Reprobó que se pretenda denigrar a las fuerzas castrenses. ¿A quiénes les conviene que tengamos un Ejército debilitado, sin autoridad, no sólo fuerzas armadas debilitadas, instituciones nacionales debilitadas, la institución presidencial? Pues a los poderes extranjeros, a las hegemonías, porque una autoridad nacional sin fortaleza pues es como una hoja seca, no puede defender los intereses de la nación.