La secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, reconoció ante el Congreso capitalino que enfrentó amplios y complejos desafíos para hacer cumplir derechos asentados en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Se refirió en particular a la conformación de instrumentos normativos como la ley en la materia y el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, en alusión a la resistencia de algunos grupos que promovieron juicios y amparos en contra de la convocatoria correspondiente.

En su comparecencia con motivo de la glosa del Informe anual de gobierno, dijo que el registro se mantiene abierto y a la fecha el sistema integra a 55 pueblos originarios y cinco comunidades indígenas residentes que cumplieron con las características objetivas y subjetivas previstas en la ley, lo que permitirá formar el Consejo de Pueblos e integrar el Programa Integral de Derechos Indígenas.

Consideró lamentable que dichos grupos de población en la Ciudad de México, como en todo el país, sigan siendo los más rezagados, con mayores índices de pobreza y que enfrentan problemas de falta de infraestructura y necesitan que se fortalezca su economía.

Señaló dos temas fundamentales para los pueblos y barrios y comunidades”: el comercio en vía pública y la demanda de vivienda. En el primer caso resaltó la colaboración con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para proporcionar apoyos del programa Seguro de Desempleo, al que se canalizaron 36 mil 126 solicitudes de 23 mil 652 personas que se autoadscriben como indígenas y 12 mil 474 de pueblos y barrios, en tanto que se apoyó en la gestión y apertura de nuevos espacios para la exposición y venta de sus productos y se realizaron 42 eventos que beneficiaron a 224 familias de artesanos y productores.

En el caso de vivienda, señaló que se actualizó el padrón de solicitantes con 4 mil 70 personas verificadas con visitas en su lugar de residencia, principalmente de las comunidades mazahua, nahua, triqui y otomí, de las que 62 por ciento son mujeres.

En materia de derechos lingüísticos, la funcionaria informó que se proporcionaron 3 mil 423 servicios de traducción e interpretación en 17 lenguas indígenas nacionales por conducto de la red de 191 intérpretes y traductores.