urante las últimas décadas, las mujeres (en su sentido más amplio) hemos promovido cambios legislativos, sociales y culturales, los cuales han permitido transformar algunas condiciones estructurales e históricas de desigualdad y opresión. Sin embargo, esta realidad no ha sido posible para todas las mujeres en el mundo, ni siquiera en nuestro país y localidad, pues la violencia de género sigue permeando en nuestras relaciones personales y colectivas. Derivado del asesinato de las hermanas Mirabal, la organización de las mujeres por la reivindicación de sus problemáticas y para exigir a los estados-nación su responsabilidad en ello, se estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Ahora en México, esta conmemoración se enmarca en una época de cambios simbólicos y significativos sobre el papel de las mujeres en la política y el ámbito público, donde han tomado una mayor representación en cargos públicos, en lugares de toma de decisiones y en el espacio cívico. A pesar de ello, la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia continúa siendo un obs-táculo para una vida digna, principalmente, cuando las corporalidades femeninas siguen considerándose como territorios de disputa para el crimen organizado. En ese sentido, es importante reflexionar: ¿cuántos cambios más son necesarios para proteger y garantizar los derechos de las mujeres? ¿De qué manera se tienen que reconfigurar las políticas públicas con enfoque de género para que generen impactos positivos y sustantivos en la vida de las mujeres? ¿Hasta cuándo las leyes serán acciones que abonen a una vida digna y libre de violencia para las mujeres diversas?
El pasado 15 de noviembre, la representante del Poder Ejecutivo firmó un decreto constitucional sobre la igualdad sustantiva para las mujeres con el objetivo de avanzar en el acceso y protección de sus derechos. Si bien, este acuerdo implica una ratificación del reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, es necesario recordar que esta acción ya se encuentra establecida en los artículos primero y cuarto constitucional. Aunado a ello, hay una gran normatividad que atiende estas obligaciones del Estado, tal como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Programa de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva o los mecanismos interinstitucionales como la Alerta de Violencia de Género, por lo que este decreto constitucional se suma a una lista de pendientes locales, nacionales, regionales e internacionales que el Estado mexicano no ha logrado solventar ni transformar estructuralmente para garantizar los derechos de las mujeres.
Por tanto, el asunto no radica en cuántos acuerdos específicos y connombres distintos se crean, sino en cómo garantizar de forma sustantiva esos documentos, pues ya hay un entramado social, político e institucional que tiene las facultades y las obligaciones de atender las problemáticas de violencia de género, las desigualdades estructurales y las brechas que existen en los distintos ámbitos de la vida.
Esto involucra generar condiciones institucionales e interinstitucionales que vayan desde la persona de primer contacto para las víctimas, hasta la resolución integral de procesos de verdad y justicia para aquellas niñas y mujeres que nos han sido arrebatadas de la lucha y el camino. Se podrían firmar miles de documentos con los titulares más simbólicos, pero eso no servirá de mucho si no se vuelve una realidad tangible para las víctimas de violencia de género, sus familiares y las generaciones futuras de cada una de las mujeres que habitamos y habitarán en este país.
Y de ese tamaño es el reto del Estado mexicano ante las negligencias, la corrupción y los encubrimientos, tanto institucionales como de familiares, que obstaculizan una vida digna y libre de violencia para las mujeres. Por ello, la Presiden-ta de este país tiene una responsabilidad enorme, por un lado, abonar a que las mujeres podamos vivir libres y sin miedo en nuestras calles, comunidades y espacios de dispersión para llegar a cumplir nuestros sueños, y, por otro lado, que la transformación de México sea hacia un mundo donde la justicia, la verdad, la dignidad humana y la libertad sean una realidad.
* Directora del Centro Vitoria
