o será por carismático ni benevolente, por ser un barón soberbio, mezquino y antipático, pero algo debe tener el tóxico Germán Larrea que nadie lo toca, a pesar del tiradero que deja en cada negocio que concreta, y no han sido pocos. Su familia (con su fundador Jorge El Azote Larrea Ortega) y él mismo acumulan muchos gobiernos –de Miguel Alemán Valdés en adelante– a lo largo de los cuales la norma ha sido acumular una fortuna de ensueño –siempre prendido de la ubre pública– y relaciones políticas de primerísimo nivel que le han garantizado impunidad absoluta. ¿Qué tiene, pues, que nadie lo toca?

Lo anterior sale a colación porque Larrea y su Grupo México han sido responsables (6 de agosto de 2014) del peor desastre ambiental de la industria minera del país (Juan José Guerra Abud dixit) resultante del derrame de 40 millones de litros residuos peligrosos de la empresa Buenavista del Cobre –filial de Grupo México– en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el que más de 25 mil personas resultaron afectadas en ocho municipios y fueron dañados decenas de kilómetros de territorio. Y una década después, con el barón y empresa tan campantes, no se ha remediado la zona afectada.

Pero no sólo eso: como se ha comentado en esta columna, su historial es interminable. Por ejemplo, tres huelgas mineras sin resolver desde hace 17 años; tiradero tóxico en la mina de Taxco, Guerrero; derrame de ácido sulfúrico en el mar de Cortés; permanente represión (Ejército con Salinas, en 1989, y de la Policía Federal, con Calderón, en 2010) contra los mineros de la sección 65 (Cananea) a quienes simplemente corrió sin más, les cortó la energía eléctrica, el gas y el agua y contrató personal que no fuera originario de esa población; violación sistemática del contrato colectivo de trabajo, y, desde luego, el homicidio industrial en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 mineros porque el barón se negó a invertir en seguridad para sus trabajadores.

De todas, Germán Larrea y Grupo México han librado todas, y su impunidad no se explica sin el manto protector del poder político-judicial, así como de los gobiernos estatales donde se localizan las minas concesionadas. Hay que recordar que tras el peor desastre ambiental de la industria minera del país, Enrique Peña Nieto y su pandilla los protegieron, mientras los legisladores prianistas lo cubrieron para evitar el retiro de concesión de Buenavista del Cobre. A cambio, dijeron, el tóxico barón debió crear un fideicomiso por 2 mil millones de pesos, de los que sólo se ejerció la mitad sin remediar absolutamente nada.

Viene a colación este breve resumen de las atrocidades cometidas por el barón y sus empresas porque el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Nacional Hídrico en el que se deja en claro que el acceso al agua es un derecho humano de los mexicanos y un bien de la nación, no una mercancía. También incluye el saneamiento de ríos, empezando con el Lerma-Santiago, el Atoyac y el Tula, con el objetivo de eliminar descargas contaminantes, reforestar, rehabilitar y construir plantas de tratamiento, colectores y humedales.

Bien por eso, pero, por extraño que parezca, en dicho saneamiento no aparecen los ríos Sonora y Bacanuchi, es decir, los contaminados al extremo por Larrea y Grupo México, que deberían ser una de las prioridades del citado Plan Nacional Hídrico. ¿Qué pasó allí?

Bueno, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, intentó justificar dicha ausencia: en el caso de los ríos citados “estamos trabajando, de parte de la Semarnat, en todo un programa de remediación. De hecho, ya nos reunimos con los empresarios (Grupo México) y acordamos hacer un plan conjunto de remediación y también de establecer y de cumplir los compromisos que se hicieron para la población en materia de salud… Estamos tratando de ver cómo hacemos la remediación. Sí, ya tenemos un plan y lo estamos haciendo en conjunto con la empresa principal que actúa por allá” (Buenavista del cobre).

¡Diez años después! y apenas estamos tratando de ver cómo hacemos. Ello, sin olvidar que en octubre de 2023 el gobierno federal denunció penalmente a Grupo México, por incumplimiento de dicha remediación ambiental. Entonces, ¿qué tiene Larrea que nadie lo toca?

Las rebanadas del pastel

Para ser un fracaso –como dice la supuesta oposición– la reforma al Poder Judicial va viento en popa: más de 9 mil jóvenes en todo el país se han inscrito con el objetivo de ser jueces, magistrados y ministros honestos. De ese tamaño es el fracaso.

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