El pintor oaxaqueño Feliciano Lamberto Carrere Jiménez lleva 32 años inmerso entre tribunales peleando un juicio laboral contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por un accidente de trabajo –no indemnizado– que en 1985 sufrió su padre, Feliciano Carrere Tapia, y que en 1989 le provocó la muerte.

Durante los últimos 10 meses, Carrere Jiménez ha dormido afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una pequeña tienda de lona que instaló para protestar diariamente con micrófono en mano, varias veces al día, contra la cadena de corrupción con la que se topó en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el fraude procesal de la Corte al conocer de su caso.

La historia

En 1985, Carrere Tapia trabajaba en Pemex, adscrito a la sección 48 de Villahermosa, Tabasco, con maquinaria pesada. Se accidentó a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera Cárdenas-Villahermosa al impactar contra una pipa de la misma petrolera que iba a exceso de velocidad.

El incidente, dice el pintor, causó a su padre poco a poco la incapacidad de caminar por el dolor. En 1987 dos médicos de Pemex reconocieron el accidente laboral, pero la petrolera lo jubiló en 1988 por incapacidad permanente sin indemnización.

Una semana antes de morir, en 1989, Carrere Tapia visitó a su hijo en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para pedirle que lo acompañara a la Ciudad de México con el fin de iniciar su juicio contra Pemex.

“A la semana murió. Me fue a decir que le debían su accidente. Me lo encargó, pues. Y a la semana…”, contó a La Jornada.

Emilia Felipe Santiago, una indígena zapoteca y analfabeta, madre de Feliciano Lamberto, inició el juicio para pedir la indemnización como viuda de Carrere Tapia. Sin embargo, ella sufrió reveses en juzgados y tribunales.

“‘Te prometo que yo lo resuelvo, madre’. Le dije, pero no sabía con qué me enfrentaría”, recuerda Feliciano entre lágrimas.

El pintor visionario, como le dicen quienes conocen de fondo sus obras, inició su lucha en 1992, sumándose a la marcha de casi 5 mil trabajadores de Pemex, campesinos y pescadores que salieron de Tabasco al entonces Distrito Federal, pidiendo la resolución de conflictos laborales y ecológicos contra la empresa del Estado.

Esa protesta quedó marcada por un accidente vehicular que arrolló a cinco de quienes marchaban y 20 más resultaron heridos.

“Fue en 1992, en ese tiempo empecé. Mi vida se fue aquí porque le prometí a mi madre ‘yo lo resuelvo’.”

Luego de agotar instancias en juzgados y tribunales, Lamberto Cerrere llevó, como tercer interesado, el caso a la Corte en 2016, donde lo atendió el ministro Javier Laynez Potisek, quien lo reconoció como parte legítima, pero devolvió el asunto al tribunal colegiado.

Inconforme, en 2019, Carrere interpuso otro recurso de reclamación que le tocó al ministro José Fernando Franco, pero éste lo desconoció en el juicio.

En 2021, tras el retraso por la pandemia, en la Corte le informaron que su expediente no estaba en el archivo del alto tribunal. Es decir, no juzgaron nada de fondo. Es un fraude procesal, dijo.

En septiembre del año pasado, Feliciano interpuso ante la Corte una queja-denuncia ciudadana dirigida a la ministra presidenta Norma Piña para señalar el fraude procesal, pero a la fecha no ha tenido respuesta.