En el Senado, Morena prevé que el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza el 1º de febrero, será tan intenso como el anterior, pues se calcula que alrededor de 60 leyes deberán ser modificadas para armonizarlas con las reformas constitucionales aprobadas.

A esto se sumarán las nuevas iniciativas que ha empezado a enviar al Congreso la titular del Ejecutivo federal.

Entre estas últimas se encuentran propuestas para regular la prohibición del maíz transgénico, fortalecer el marco de los derechos de las mujeres, prohibir la relección y el nepotismo en el servicio público, actualizar las leyes de adquisiciones y de obra pública, impulsar proyectos de desarrollo tecnológico y científico en todas las materias y una reforma electoral para reducir el costo de los comicios y el financiamiento a los partidos políticos.

Algunas de las modificaciones constitucionales son de tal complejidad que implican cambiar hasta ocho leyes secundarias o emitir nuevas normas.

Es el caso, por ejemplo, del cambio hecho en materia de Guardia Nacional.

Éste requiere la armonización de las leyes de la este cuerpo de seguridad, la Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la de Ascensos y Recompensas de los integrantes de las fuerzas armadas, la de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como los códigos de Justicia Militar y el de Procedimiento Penales.

Modificaciones en el sector energético

La reforma constitucional sobre áreas y empresas estratégicas implicará ajustar las leyes de la Comisión Federal de Electricidad, de la Industria Eléctrica, de Hidrocarburos, de Pemex, la Minera y de Energía.

En tanto, la modificación a la carta magna que eliminó los órganos autónomos requiere de la expedición de nuevas regulaciones para la competencia y la libre concurrencia, así como en telecomunicaciones y radiodifusión.

El cambio en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas necesitará de una nueva legislación de consulta previa, libre e informada, así como adecuar el marco legal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y cambiar las normas de Protección del Patrimonio Cultural de estos pueblos, la General de Desarrollo Social, de Educación y de Salud.

Con estas adecuaciones previstas, el partido guinda considera que se consolidará el proyecto gubernamental en curso, conocido como el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.