La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé discutir el próximo miércoles un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que plantea ordenar a la Secretaría de Salud crear un programa de transferencia de pacientes con VIH-sida de un organismo público a otro, que les garantice que en la nueva institución les mantendrán, al menos, la misma calidad en el servicio y medicamentos, a fin de no poner en riesgo su vida.

Lo anterior, porque el ministro apoya amparar a una persona con VIH que perdió la continuidad del tratamiento médico que recibía desde 2016 en el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas (Cieni), al haber sido inscrito en 2021 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) una vez que entró a laborar a una dependencia federal.

El 2 de abril de 2022, el quejoso recibió un correo por parte de la coordinación clínica del Cieni que le comunicó que, a fin de ser beneficiario de la prestación gratuita del servicio médico y de los medicamentos antirretrovirales, es requisito no ser derechohabiente de algún programa de seguridad social como sería el IMSS o el Issste, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, fracción II, artículo 77 bis 7, fracción II de la Ley General de Salud.

Caso llegó al más alto tribunal del país

Con lo anterior, le informaron que se le suspendería el servicio en unos meses en cuanto lo referían a la institución del Seguro Social para continuar con el tratamiento. Ante ello, inició un juicio el 27 de abril de 2022 contra distintas autoridades de la Secretaría de Salud, la Presidencia de la República y dependencias, y el Congreso de la Unión, caso que llegó al más alto tribunal del país.

El ministro plantea en su proyecto que quien coordina a las instituciones de la Secretaría de Salud tiene la obligación de no dejar sin cobertura en ningún momento a una persona, menos aún por el simple hecho de cambiar de trabajo y, por lo tanto, cambiar de esquema de seguridad social.

Por ello, de ser aprobado el proyecto, se ordenaría a la Secretaría de Salud crear dicho programa que regule las transferencias de pacientes en un plazo que no excederá 180 días.