El Congreso de la Unión aprobó el 15 de noviembre de 2018 la primera propuesta legislativa en seguridad interior, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la norma.

El máximo tribunal consideró, por nueve votos de 11 posibles, que la legislación no diferenció de manera adecuada la seguridad nacional de la seguridad interior y la seguridad pública, y buscó normalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sin considerar los tratados y la legislación en materia de derechos humanos que limitan la actuación de los militares en casos excepcionales.

La Corte también estimó que la legislación era una norma elaborada para legitimar la intervención directa del Ejército en tareas de seguridad pública.

Sin embargo, en mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto por el cual se ordena a la fuerza armada permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

El plazo para estas actividades sería de cinco años, es decir concluiría en 2024. Pero en noviembre de 2022 se amplió esta facultad hasta 2028, una vez que esté consolidada la Guardia Nacional, que actualmente cuenta con más de 120 mil efectivos.