Oaxaca, Oax., Ex burócratas protestaron ayer en palacio de gobierno para demandar a la administración que encabeza Salomón Jara un pago que cubra las necesidades básicas de al menos cien de los 677 ex trabajadores estatales, cuyas plazas fueron desaparecidas por el decreto 24, pero a quienes un juez les otorgó una suspensión definitiva.

Los ex empleados, que cuentan con la medida cautelar, marcharon ayer en el zócalo de esta ciudad y luego se manifestaron en el acceso principal de la sede del Ejecutivo. Ahí explicaron que el juez de la causa les otorgó suspensiones definitivas en las que se ordenó a las autoridades estatales el pago mínimo vital.

Es decir, el gobierno jarista debe pagar a cada ex burócrata que obtuvo la suspensión 30 por ciento del salario que ganaba antes de la desaparición de su plaza, y además tendrá que inscribirlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta que concluya el proceso presentado en contra del decreto 24.

Sin embargo, la administración estatal morenista se niega a cumplir con el dictamen emitido por el juez, lo que, dijeron los afectados, es un desacato a una orden judicial.

Los inconformes consideraron que esta es una muestra de la cerrazón y soberbia que el gobierno de Oaxaca mantiene para afrontar problemáticas, pues en lugar de atender y resolver, se dedica a ignorar y denostar a quienes le hacen frente.

Pidieron atender este caso y resolverlo, e insistieron en que ellos no compraron su plaza como asegura el gobernador Jara, y tampoco son aviadores –gente que cobra sin trabajar–, sino que son personal que lleva varios años laborando en la administración estatal.

En la movilización participaron alrededor de cien personas, quienes entre gritos exigieron a las autoridades que hagan un conteo real, dado que de manera constante los denuesta asegurando que son un reducido grupo, lo que aseguran es falso.

A principios del pasado mes diciembre, el Congreso local desapareció a través del decreto 24 mil 344 plazas de diversas dependencias, a solicitud de Salomón Jara, bajo el argumento de que habían sido obtenidas de manera irregular.

Luego de una serie de movilizaciones de la base trabajadora, se instalaron mesas de trabajo en las que supuestamente se analizó cada caso, y se logró la reincorporación de 667 trabajadores.