El pleno del Senado dio entrada ayer a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para poner en marcha la política de simplificación y digitalización de trámites más ambiciosa en la historia del país.

Se trata de una reforma los artículos 25 y 73 de la Carta Magna, encaminada a reducir trámites, requisitos y tiempos de respuesta, con lo que se acotan la burocracia y la corrupción. En la exposición de motivos se destaca que la adopción generalizada de tecnologías en el gobierno sigue siendo un desafío.

De ahí que se establezca un marco constitucional en materia de simplificación administrativa y digitalización, que refuerce las prácticas regulatorias y se aplique en todo el país, como medida crucial para mejorar la eficiencia, reducir costos y fomentar una cultura de transparencia y accesibilidad en la gestión pública.

Ejemplos como el de India, que ha desplegado un vasto sistema de identidad digital, que ha transformado la forma en que los ciudadanos interactúan con los servicios públicos, brindando acceso universal a beneficios sociales y servicios financieros, o Chile, con su sistema de gobierno en línea, ha dado un paso importante para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia administrativa, deben ser un espejo en el que México pueda reflejar sus aspiraciones de transformación digital, señala el texto.