Chihuahua, Chih., El Congreso de Chihuahua aprobó, con 12 votos del PAN, cuatro del PRI, dos de MC, dos del PT y uno del PVEM, así como 12 de Morena, en contra, modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial local, con lo que adelantarán la jubilación de magistrados y jueces estatales, para que éstos reciban pensiones vitalicias de entre 50 y 72 por ciento de sus salarios, aun sin cumplir con los años de labores requeridos.

Los cambios a la ley orgánica, ratificados ayer en sesión extraordinaria, garantizan el retiro anticipado de los juzgadores que decidan no participar en la elección del Poder Judicial estatal a realizarse el próximo 1º de junio.

La bancada de Morena señaló que por sólo 10 años de trabajo, los magistrados y jueces garantizarán una pensión vitalicia de 61 mil 128 pesos, correspondiente a 50 por ciento de la compensación que reciben mensualmente y no forma parte de su salario.

El dictamen aprobado autoriza que el cónyuge e hijos de la persona juzgadora continúen recibiendo la pensión complementaria de 50 por ciento al mes, junto con la jubilación otorgada por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

En caso de no cumplir con los requisitos para un retiro anticipado, un juez o magistrado local recibirá una liquidación laboral equivalente a tres meses de sueldo diario integrado, y 20 días de salario por cada año en servicio, incluyendo compensaciones si su antigüedad es menor a 10 años.

Los jueces y magistrados que hayan ejercido por al menos 10 años podrán recibir una compensación correspondiente a 50 por ciento de su salario mensual cuando se encontraban en funciones, y ésta podrá incrementarse conforme a los años trabajados.

Es decir, si trabajó 11 años, le corresponderá 51 por ciento del salario mensual; si laboró 12 años, 52 por ciento, y así sucesivamente hasta llegar a los 32 años trabajados, a los cuales les corresponde una compensación de 72 por ciento.

El pago de compensación será a manera de pensión complementaria, misma que tendrá un incremento anual en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Los diputados también validaron una ampliación del plazo al 27 de febrero de 2025 para que el Consejo de la Judicatura local envíe al Congreso estatal el listado con los nombres de magistrados y jueces en funciones que desean contender en la elección de junio entrante, y quiénes declinan su participación o participan por otro cargo distinto, ya sea en el Poder Judicial estatal o federal.

Las personas juzgadoras que se acojan a los beneficios contenidos en la reforma deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de la Judicatura a más tardar el 25 de febrero de 2025.

Antes de la votación del dictamen en lo general, el legislador panista Jorge Soto Prieto justificó las modificaciones legislativas en respuesta a que se les obligó a aprobar la estupidez del golpe de Estado con mayoría espuria derivado de la aprobación de la Reforma al Poder Judicial federal, promovida por Morena y sus aliados.

También acusó de resentimiento a los morenistas, quienes señalaron al Partido Acción Nacional por aprobar un esquema de jubilaciones de privilegios con dinero público.