Mientras en el país continúan hallando fosas, crematorios y predios clandestinos con cientos de cuerpos y restos de personas, de las cuales en su mayoría se desconoce su identidad, dos de los mecanismos con que cuenta el gobierno federal para hacer frente a la crisis forense han sido debilitados, según un informe de Movimiento por Nuestros Desa-parecidos en México (MNDM), integrado por 86 colectivos de familiares de víctimas.

En el documento, entregado recientemente al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, se advierte también que cinco años después de que el gobierno federal prometió cinco centros regionales de identificación humana en todo el país, el único que opera es el de Coahuila, que a octubre de 2024 había identificado a 121 personas.

En tanto, el MNDM destaca que el Centro Nacional de Identificación Humana, creado en mayo de 2022, fue disminuido a finales de 2023 con el despido de muchos de sus especialistas forenses y el desalojo de sus oficinas en Morelos. A la fecha, enfatiza el organismo, no está clara cuál es la infraestructura que posee.

Igualmente, señala que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), creado también en el sexenio pasado, sólo logró que tres de 33 fiscalías accedieron a firmar acuerdos de colaboración. Además, fue afectado por falta de coordinación interna, administración deficiente de parte de la agencia asignada (el Fondo de Población de Naciones Unidas) y un apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En 2024, expone, un consejo integrado por funcionarios públicos asumió la gobernanza del MEIF (algo que está prohibido por el acuerdo de creación, el cual establece que el mecanismo es independiente del Estado), y al poco tiempo fue completamente desmantelado, habiendo identificado a una sola persona”.

El MNDM alerta que la cifra de fallecidos sin identificar continúa creciendo, pues según investigaciones independientes, con base en solicitudes de información, al 31 de diciembre de 2023 había 72 mil 172 cuerpos de los que se desconoce su identidad, depositados en servicios forenses, fosas comunes y otros espacios de resguardo.

Destaca que el agravamiento de la situación da elementos para suponer que las causas de la crisis en la materia en México aún no se han atendido. Los servicios forenses ordinarios, mayoritariamente dependientes de las fiscalías de justicia, aún no han tomado medidas contundentes y efectivas para mejorar sus procedimientos, bases de datos, grado de modernización y tecnología, personal y recursos presupuestarios para hacer frente a la situación.