Por segundo día consecutivo, personal de la Secretaría de Gobierno y otras dependencias capitalinas acudieron al campamento irregular de migrantes instalado cerca de la Central de Autobuses del Norte, para insistir en el desalojo de quienes en el operativo del martes por la noche rechazaron ser trasladados a albergues.

Aunque un grupo de ellos aceptó ser llevado a estos lugares, de nueva cuenta algunas personas decidieron quedarse en sus pequeños cuartos construidos con retazos de madera.

Los funcionarios reiteraron que ya no se les puede garantizar seguridad en este asentamiento, ubicado en la avenida 100 Metros. En un comunicado, las autoridades capitalinas informaron que habían detectado personas que extorsionaban a los indocumentados.

Temístocles Villanueva, coordinador de Atención a la Movilidad Humana, detalló que tras el operativo de traslado voluntario del martes, 39 migrantes, entre venezolanos y hondureños, fueron llevados a los dos albergues con que cuenta el gobierno de la ciudad: el Centro de Asistencia e Integración Social, en el barrio de Tepito, y un hotel en la colonia Peralvillo. Ambos, aseguró, cuentan con servicios básicos, de asistencia médica y asesoría para trámites migratorios.

En tanto, en la jornada de ayer, el grupo de extranjeros que aceptó el traslado a los refugios fue movilizado en un camión proporcionado por la alcaldía Gustavo A. Madero. Uno de ellos, venezolano que prefirió omitir su nombre, comentó que su cambio de decisión fue porque aquí ya no tenemos otra opción. El campamento se empieza a quedar vacío y nos sentimos menos seguros ante posibles actos delictivos o la llegada de personal del Instituto Nacional de Migración.

Como sucedió el martes, una vez que los extranjeros iban rumbo al albergue, personal de limpieza destruyó los pequeños cuartos que habitaban desde hace varios meses.

Creemos que este campamento está a menos de 50 por ciento de su capacidad, dijo Villanueva, quien también reconoció que algunos de los migrantes decidieron irse por su cuenta.

Ayer, en el operativo también hubo presencia del Instituto Federal de Defensoría Pública y de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En entrevista, Anahí Ruelas, directiva del IFDP, recordó que desde 2023 existe un juicio de amparo indirecto, aún por resolverse, para que el campamento no sea desalojado.