Decenas de repartidores de plataformas digitales se manifestaron ayer afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir audiencia a los ministros contra el impuesto de 2 por ciento que deben pagar las aplicaciones digitales al gobierno de la Ciudad de México por el aprovechamiento de la infraestructura de la capital.

En la Corte está previsto discutir en próximas semanas un proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que propone amparar contra dicho gravamen, previsto en el artículo 307 del Código Fiscal de la Ciudad de México, a la empresa Delivery Technologies, que engloba diversas aplicaciones de reparto de alimentos y otros productos.

Los trabajadores por aplicación, del colectivo Repartidores Unidos de México, entregaron un escrito a la oficialía de partes de la SCJN para hacer formal su solicitud de audiencia. Los repartidores de plataformas digitales hacemos llegar (a los ministros) este documento porque queremos expresar la preocupación sobre el futuro de nuestro trabajo y el impacto que sus decisiones judiciales pueden tener en nuestros ingresos y el sustento de nuestras familias. Más que nadie, sabemos lo que significa estar en las calles todos los días y queremos asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas, señala el documento.

El 26 de diciembre de 2023, la Corte ya emitió un fallo en el que confirmó que dicho impuesto no aplica a los repartidores, pero sí a las empresas para las que trabajan. También, que las personas físicas y morales que sólo entregan productos no tienen interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del artículo del Código Fiscal de la capital que establece la cuota.

Pese a ello, reclamaron que la Corte les debe hacer valer su derecho de audiencia sobre cualquier decisión que impacte en su trabajo.

Por último, queremos dejar claro que confiamos en que la Corte se mantendrá firme en la defensa de nuestro gremio. No sólo en este tema, sino en cualquier otro que afecte a quienes laboramos en plataformas digitales. Nuestro trabajo es esencial, como se demostró durante la pandemia, y debe ser protegido con justicia, subrayan.