l fijar la postura oficial en torno al caso Teuchitlán, informar acerca de los avances de las indagatorias y presentar la respuesta integral de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad y empatía con los familiares de las víctimas de desaparición forzada, a quienes dijo que nunca confrontará. Además de asegurar a la ciudadanía que no habrá impunidad ni fabricación de verdades históricas, la mandataria informó que mañana comparecerá el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para dar a conocer los primeros resultados con base en evidencias y procedimientos científicos.
La parte medular del mensaje presidencial consistió en el anuncio de seis acciones inmediatas para acabar con el flagelo de la desaparición forzada: el fortalecimiento institucional y tecnológico de la Comisión Nacional de Búsqueda; la incorporación de protocolos que permitan emitir alertas de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país; la equiparación del delito de desaparición al de secuestro, con penas y procedimientos de investigación homologados en todas las fiscalías estatales y la fiscalía federal; la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones, y el refuerzo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Adicionalmente, este jueves se enviará al Congreso una serie de iniciativas de reforma a fin de consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzar con todos los registros administrativos que existen en el país; crear la Base Nacional Única de Información Forense; crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, y fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, encargado de gestionar la plataforma homónima.
A su declaración de principios y su programa de acción, la presidenta Sheinbaum añadió un mensaje político dirigido a la oposición que ha manipulado los acontecimientos para lanzar campañas cargadas de amarillismo e hipocresía, como denotan los intentos de erigirse en voces contra la desaparición por parte de antiguos integrantes y aliados de gobiernos represores durante los cuales estalló la crisis de violencia que azota al país. Estas burdas tentativas de instrumentalizar el dolor de las víctimas indirectas y la justa rabia de las familias y su entorno deben condenarse no sólo por estar construidas a partir de rumores, verdades a medias y pornografía de la tragedia, sino porque alejan en lugar de acercar la verdad y la justicia. Cabe preguntarse de dónde provienen las tergiversaciones y operaciones de golpeteo politiquero, así como instar a los ciudadanos exasperados por la situación a mantenerse al tanto de la información oficial y no caer en tergiversaciones.
Es necesario saludar las medidas anunciadas por la titular del Ejecutivo y urgir a que se pongan en práctica, pues el drama de las personas desaparecidas es una herida real que mantiene en la zozobra a decenas de miles de familias ante el desconocimiento del paradero de sus seres queridos y el fundado temor a que hayan encontrado un final terrible a manos de grupos delictivos. Cualquier avance para poner fin a esta tragedia requiere frenar a organizaciones privadas y a miembros del Poder Judicial que se han confabulado para sabotear la creación de un documento de identidad y un registro de cuentas de telefonía celular, elementos indispensables para localizar a los criminales, interceptar sus comunicaciones y establecer de manera expedita la identidad de las personas localizadas sin vida, sin lo cual se perpetúa la insoportable incertidumbre de las familias y se vuelve imposible actualizar las bases de datos de desapariciones.
Finalmente, debe reiterarse que las manipulaciones de grupos e individuos inescrupulosos no puede usarse para negar el comprensible dolor y la exasperación de los familiares de los desaparecidos, quienes durante mucho tiempo han sido los principales encargados de revelar las ubicaciones de los centros de inhumación clandestinos del crimen organizado. Es de esperarse que las medidas anunciadas por la Presidenta sirvan tanto para el esclarecimiento y la impartición de justicia como para garantizar la no repetición de este delito abominable por el sufrimiento que causa a comunidades enteras y que representa un agravio mayúsculo para todo el país.
