eintitrés años después de que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari decretó, en enero de 1992, el fin del reparto masivo de tierra en el país (léase la privatización de la propiedad social de la tierra), apenas comienza a documentarse (al menos públicamente, como lo hizo La Jornada) el surgimiento del neolatifundismo, amparado éste en una decisión de uno de los personajes más nefastos de la historia reciente de México.

Valgan dos ejemplos: Durante el porfiriato, las compañías deslindadoras, unas 50, deslindaron 63 millones de hectáreas, a razón de más de 2.3 millones por año; en compensación, recibieron 21 millones de hectáreas, más de 10 por ciento del territorio nacional, con un promedio de 420 mil cada una. Las 42 millones de hectáreas que se entregaron al gobierno federal para su enajenación, salvo algunas excepciones, fueron adquiridas por los hacendados, las empresas mineras y las ferrocarrileras (Luis René Guerrero Galván, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).

Y el otro: por decreto de Salinas de Gortari, a partir de 1992 y de un plumazo, se liberaron alrededor de 99 millones 500 mil hectáreas del territorio nacional (51 por ciento del total), catalogados como propiedad social, es decir, una proporción 1.6 veces mayor al despojo porfirista en más de tres décadas, aunque los destinatarios del deslinde en uno y otro periodo son prácticamente los mismos, es decir, los integrantes de la mafia de siempre (políticos, barones, funcionarios, ex funcionarios, capital extranjero y conexos).

Este delicado asunto fue abordado fugazmente en la mañanera de ayer, cuando un colega recordó que en 1992 (el citado decreto) hubo un gran golpe a la Revolución Mexicana, al pacto social que emergió de ese movimiento social, precisamente, con los campesinos; me refiero a la reforma al artículo 27 de la Constitución, que hizo posible la disolución de ejidos y la privatización de propiedad social de la tierra y mencionó que hay 411 políticos, prácticamente de todos los partidos, porque muchos de ellos, incluso, en un origen siendo priístas y panistas, al cuarto para las 12 también se pasaron ya algunos de ellos a Morena.

Pues bien, la mandataria se limitó a responder: Pues qué bueno que lo denuncias; vamos a decirle a Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que lo revise y lo presentamos aquí, el resultado de la investigación. Lo que sí es el acaparamiento y vemos; si hay delitos, que se presenten las denuncias. Y a otro tema.

En vía de mientras, la propia Sedatu divulgó el Atlas de la propiedad social de la tierra en México 2024), elaborado por el Registro Agrario Nacional, en el que se detalla que en México existen más de 32 mil núcleos agrarios registrados, de los que casi 30 mil son ejidos, distribuidos en toda la República, en una superficie aproximada de 82 millones 229 mil hectáreas, mientras las comunidades suman 2 mil 424 en 17 millones 364 mil hectáreas y se ubican en 29 entidades, destacando su ausencia en Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo.

Las entidades federativas con mayor número de núcleos agrarios son Veracruz y Chiapas, con una superficie conjunta que representa cerca de 7.2 por ciento de la propiedad social. Respecto a la propiedad ejidal, Chihuahua es la entidad que cuenta con mayor superficie (11.4 por ciento del total nacional). Por número de ejidos, Veracruz registra 12.4 por ciento. En la distribución de bienes comunales dentro del territorio nacional, Oaxaca alberga la mayor cantidad de núcleos agrarios (754) y representa 31 por ciento del número de comunidades y 33.7 de la superficie comunal del país.

La Sedatu detalla que 50.8 por ciento de la tenencia de la tierra se considera propiedad social (ejidos y comunidades), 42 por ciento es propiedad privada y 7.2 por ciento se distribuye en terrenos nacionales, colonias agrícolas y ganaderas, entre otros. Al abarcar la propiedad social más de 50 por ciento de la superficie nacional, es de vital importancia conocer su distribución y ubicación, así como las características principales que relacionan a sus habitantes con el espacio geográfico.

Entonces, si ya tienen todo ese registro, sólo queda poner el cascabel al gato.

Las rebanadas del pastel

Más allá de lo químico, la fórmula legal es sencilla: fentanilo = farmacéuticas gringas, las cuales registran ingresos de ensueño, en un mercado cuyo consumo (100 mil muertes anuales por sobredosis) e ingreso (más de 17 mil millones de dólares) crecen a paso veloz.

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