La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados prevé aprobar esta tarde, sin cambios, la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa y la digitalización de trámites, que ya fue avalada en el Senado.

El proyecto de dictamen resalta que se busca dar paso a un e-gobierno y al uso de la inteligencia artificial para todos los trámites; explica que es tal el volumen de pasos que deben realizar los ciudadanos, pues sólo a nivel federal hay más de 7 mil diferentes, lo cual se traduce en un impacto social, económico y político.

Al analizar la iniciativa presidencial, los diputados consideran que también juega un papel determinante en el ámbito económico debido a que la burocracia excesiva y los procesos administrativos engorrosos desincentivan la inversión y dificultan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

En cambio, se plantea que la digitalización de todos los trámites permitirá a los emprendedores gestionar servicios gubernamentales de manera rápida y sencilla, eliminando barreras innecesarias y fomentar un entorno propicio para la innovación y el desarrollo económico.

Para reforzar la necesidad de un cambio en el modelo de trámites burocráticos, citó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones señaló que en promedio en México hay más de 7 mil a escala federal, 523 estatal y 144 más por municipio.

Desde una perspectiva cuantitativa las cifras son contundentes, si consideramos el impacto social que genera se ratifica el sentido de la iniciativa de la Presidenta y de la minuta, pero es posible corregir el problema para que la burocracia se ajuste a la digitalización, considera la comisión.

También refiere que en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía evidenció que 83.1 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción y 14 por ciento la experimentó al realizar trámites, pagos, solicitudes de servicios o al tener contacto con algún funcionario público.

Este contexto prueba que la reforma es seriamente adecuada, y por eso se daría el primer gran paso para consolidar un gobierno digital, electrónico o e-gobierno, que permita utilizar la tecnología e inteligencia artificial para mejorar la gestión de trámites y la eficiencia en todos los servicios que ofrece, indica el proyecto.