Bacalar, QR., Agrupaciones defensoras del medio ambiente interpusieron una demanda contra quien resulte responsable por las obras de relleno y dragado que se realizan en la laguna de Bacalar, además de la construcción de una barda de unos 3 mil metros de largo en sus inmediaciones, informaron Aracely Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, y la pobladora de ese municipio Melina Maravilla.

Esta última explicó que a finales del mes de enero empezaron los trabajos con algunos vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que impacta la zona, ubicada en un atlas de riesgo en amarillo, que significa que es muy frágil; además, se quejó de que la pared tapa la vista del Fuerte de Bacalar, que es parte de los puntos turísticos del sitio.

Recalcó que ya efectuaron unas 10 solicitudes ante diversas instancias de gobierno exigiendo la exhibición de los permisos, además de las consultas públicas –las cuales nunca se hicieron– pero a la fecha no han recibido ninguna respuesta.

El siguiente paso, indicó, será presentar un amparo para que se suspendan definitivamente las obras por no respetar una zona ambientalmente frágil, además de poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.

Por su parte, Aracely Domínguez, refirió que en la denuncia hecha a la titular de la Procuradoría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborrel, así como a autoridades estatales, indicaron que las actividades de dragado y relleno sobre la zona federal de la Laguna están generando afectaciones a su morfología.

Agregaron que los trabajos en el sitio provocan vibraciones que se sienten hasta el Fuerte de San Felipe, lo que genera preocupación de algún perjuicio al mismo.

Domínguez recalcó que ante la duda de que existan las autorizaciones de impacto ambiental y demás permisos se pidió la inmediata intervención de la funcionaria Mariana Boy para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

Destacó que considerando que el predio se encuentra en un ecosistema costero, es necesario obtener y tramitar una autorización conforme lo establece el artículo 28, fracciones 9 y 10 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por todo lo anterior, los inconformes demandaron realizar la adecuada coordinación con las unidades administrativas competentes de la Profepa y las visitas de inspección necesarias con el propósito de verificar la existencia de los hechos denunciados y el estricto cumplimiento de la legislación aplicable.

También requirieron ordenar las medidas de seguridad pertinentes, de conformidad con la ley, observando en todo momento el enfoque de precaución y prevención, que rigen las actuaciones en materia ambiental.