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Denuncian persecución y amenazas contra activista de derechos en Aguascalientes
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de marzo de 2025, p. 22

Justicia Pro Persona, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Nos Van a Ver Juntas, entre otras organizaciones, solicitaron la urgente intervención e investigación del gobierno federal y de Aguascalientes ante el riesgo inminente, persecución y criminalización de la defensora de derechos humanos, Mariana Ávila Montejano, fundadora y presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGAGS).

En un documento explicaron que desde junio 2024 el observatorio y su titular han dado acompañamiento a mujeres privadas de su libertad en el Centro de Readaptación Social Femenil de Aguascalientes (Cereso femenil), y denunciado públicamente la violencia y omisiones que experimentan éstas y también han señalado a autoridades y funcionarios públicos responsables de delitos y violaciones graves a derechos humanos, lo cual generó un entorno de inseguridad para Mariana Ávila, su equipo y las personas a las que acompaña.

La agrupación también apoya a víctimas de desapariciones forzadas, feminicidio, violencia sexual, tortura, así como homicidios que involucran a integrantes del crimen organizado, instituciones y a autoridades de los tres niveles de gobierno.

En ese contexto en los últimos meses se han denunciado graves hechos de amenazas, intimidación y vigilancia contra Ávila y el equipo del OVSGAGS.

Por ejemplo, el 2 de febrero anterior sujetos forzaron el portón de la vivienda de Ávila, lugar en el que tiene poco de estar habitando, después de haber sido desplazada forzosamente por otros ataques directos a su persona y domicilio. La madrugada del 9 de marzo pasado un sujeto desconocido ingresó al lugar donde vive uno de los integrantes del observatorio.

El pasado 17 de febrero Ávila Montejano, junto con otra integrante del OVSGAGS acudió al Cereso Femenil para asesorar a una interna, pero personal del área jurídica del penal coaccionó e intimidó a la compañera privada de la libertad para que refiriera que el documento que llevaba la defensora era apócrifo y así culparla de la supuesta falsificación, por lo que se le dijo que podría ser sometida a sanciones administrativas y también penales.