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Congreso aprueba gasto de sobrantes del TSJ y del Consejo de la Judicatura local
 
Periódico La Jornada
Martes 25 de marzo de 2025, p. 28

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino aprobó el acuerdo para la aplicación de los recursos remanentes generados al 31 de diciembre de 2024, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

Mediante el acuerdo CCDMX/IIIL/CPyCP/001/2025, dicha comisión aprueba la aplicación de los recursos remanentes generados al 31 de diciembre de 2024, que son del orden de 6 millones 629 mil 154.08 pesos por concepto de fondos presupuestales y rendimientos al rubro de pago del pasivo 2020 y/o 2021 a cargo del TSJ, y por 244 mil 127.09 pesos al renglón de servicios personales a cargo del Consejo de la Judicatura local.

La diputada Valentina Batres Guadarrama, presidenta de la comisión, recordó la obligación legal del Poder Judicial de informar al Congreso capitalino sobre los remanentes del ejercicio fiscal previo y proponer su destino y aplicación, por lo que en cumplimiento de esta disposición el pasado 11 de marzo se turnaron los oficios correspondientes.

Sobre esto, el TSJ propone emplear dichos fondos para cubrir parcialmente el adeudo que se presenta en ese ejercicio fiscal como consecuencia del déficit presupuestal acumulado de ejercicios anteriores; mientras el Consejo de la Judicatura plantea utilizarlos en servicios personales, por ser el rubro más vulnerable del gasto público.

En la misma sesión virtual, la comisión aprobó por 12 votos a favor, incluido uno de Movimiento Ciudadano, tres abstenciones del PAN y ninguno en contra, un proyecto de investigación titulado gasto público y redistribución del recurso, el papel del predial.

Sobre la investigación que realizará dicha comisión, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Legislativas en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, la presidenta de la comisión destacó la importancia del impuesto predial no sólo como instrumento fiscal, sino como un mecanismo redistributivo en un contexto de desigualdades económicas y clave para garantizar el financiamiento, infraestructura, servicios públicos y corregir desigualdades históricas entre distintas zonas urbanas.