El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, acudió ayer a una audiencia de apelación en el juzgado federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde activistas y familiares de los 40 extranjeros que murieron hace dos años en un incendio ocurrido en la estación migratoria de dicha localidad, intoxicados con monóxido de carbono, exigieron que el funcionario permanezca vinculado a proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

Luego de la diligencia, llevada a cabo con la intención de revisar las medidas cautelares que se le modificaron en enero pasado, Garduño anunció que el juez le exigió ofrecer una disculpa pública, lo que hará el próximo 16 de abril en un lugar de Juárez aún por definir.

Sostuvo además que se ha cumplido con lo requerido por el juez. Aseguró que la reparación del daño a las víctimas y lesionados ya fue realizada, incluyendo a las dos personas que estaban pendientes, y asegurando fondos para su cobro.

Durante la audiencia, los magistrados Gabriel Alejandro Castillo, Octavio Pineda y Emiliano López escucharon los argumentos del abogado Marcos Zavala, representante jurídico de 17 familias de migrantes fallecidos y sobrevivientes del incendio en la estancia del INM en Ciudad Juárez.

Zavala criticó la legalidad del beneficio concedido a Garduño el pasado 24 de enero, argumentando que la reparación del daño debía realizarse con recursos propios del comisionado, no con fondos públicos, como ocurrió, siendo que el gobierno federal entregó 210 millones de pesos a parientes de indocumentados que perecieron en el incendio del 27 de marzo de 2023.

La suspensión condicional del proceso penal fue promovida por los abogados de Garduño el pasado 24 de enero, dentro de la causa penal 237/2023. En esa fecha, un juez federal le impuso condiciones para que, durante los siguientes 18 meses, se deseche la acusación en su contra, de las cuales se han cumplido todas, menos la disculpa pública, según el imputado.