Madrid. Más de nueve meses después de su presentación y luego de casi dos años del agravamiento de la crisis humanitaria en las Islas Canarias, finalmente el Parlamento español aprobó el decreto impulsado por el mandatario socialista Pedro Sánchez para reformar la Ley de Extranjería e iniciar el reparto de los más de 4 mil 500 menores de edad no tutelados que viven en condiciones de hacinamiento.

La iniciativa tuvo el apoyo de los partidos de izquierda, además de la derecha nacionalista del País Vasco y Cataluña, que fueron cruciales para sacarla adelante, con 179 votos a favor y 170 en contra.

El derechista Partido Popular (PP) y Vox, de extrema derecha, votaron en contra, a pesar de que el PP gobierna en 13 de las 17 comunidades autónomas del país, que son las que tendrán la responsabilidad de tutelar a los menores.

El ministro de Política Territorial del gobierno, el socialista Ángel Víctor Torres, explicó durante su intervención que hay que tener altura de miras para atender un problema tan grave como el hacinamiento de los niños extranjeros, al que calificó de crisis humanitaria.

El sistema del reparto se hará con base en la densidad de población, renta per cápita, tasas de desempleo y esfuerzo realizado en el pasado. Esto hace que Madrid sea la comunidad que más menores deberá aceptar, 806, seguida de Andalucía (724), y Aragón (524), y Cataluña la que menos, con sólo 26 de los 4 mil 400 menores.