n los 90 días desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, ha firmado la friolera de 129 decretos (executive orders). El mismo ha insinuado que más que el contenido de los decretos su gusto es por mostrar la inigualable perfección de su caligrafía. Hay serias dudas sobre si muchos de ellos cumplen con los términos que marca la Constitución. Por lo pronto, los decretos estarán vigentes, independientemente de su legalidad y del daño que ocasionen a la sociedad y a la nación en su conjunto. Por ahora, vale mencionar algunos que ya causan estragos en los sectores a los que están dirigidos.

Uno de los más controvertidos es el que castiga a varias de las universidades más prestigiadas de EU por desafiar las órdenes del todopoderoso presidente, y no apegarse a lo que, en su peculiar óptica, debe enseñarse en los recintos de educación superior. Es un pretexto para castigar, vengarse sería un término más apropiado, a quienes desde la academia lo critican y están en desacuerdo con su arbitraria forma de gobernar. En este caso, promovió una serie de reuniones, una de ellas en el Congreso, para poner en evidencia a los presidentes, profesores y personal académico en universidades. Exigió públicamente su destitución y modificar sus planes de estudios, a los que se refirió como ultraliberales y contrarios a la cultura norteamericana. Harvard, entre ellas, se negó a seguir sus designios y Trump les respondió cercenando los fondos que el gobierno y el Congreso habían autorizado en apoyo a sus estudios y planes de investigación. En otro decreto, autoriza redadas que violan las más elementales leyes y la Constitución misma. Las autoridades han entrado a los domicilios para detener y deportar a varios de sus miembros sin mediar juicio alguno como exige la ley. El caso más escandaloso fue el del señor Kilmar Ábrego, de origen salvadoreño, quien, a pesar de demostrar su calidad de inmigrante legal, y de ser su esposa ciudadana estadunidense, fue deportado a las mazmorras del infausto presidente de El Salvador, en explícita connivencia con el mandatario estadunidense. No obstante que el propio gobierno de Trump admitió su equivocación, y que la Suprema Corte de EU ha ordenado que el gobierno gestione de inmediato la devolución de Ábrego para ser juzgado en términos de ley, hasta ahora, en franco desafío a la Suprema Corte, Trump se ha negado a hacerlo. Cada vez es más evidente que el presidente estadunidense desobedece las decisiones de la Suprema Corte en una ruta que pudiera crear una situación inédita cuya gravedad no tiene precedente.