iego Fernando Bonilla es indígena ñuhú-otomí de 45 años, de la comunidad de El Pericón, municipio de Texcatepec, a 10 horas de Xalapa, Veracruz. Su idioma materno es el ñuhú. No tiene dominio del español. Nunca ha salido de su comunidad.
El 29 de mayo de 2023, Diego estuvo presente cuando su compañero Adán Reyes fue asesinado a las nueve de la noche. Al día siguiente, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz en Huayacocotla, para testificar. Sin embargo, antes de declarar, fue torturado por tres policías ministeriales, quienes lo presionaron para que incriminara en el homicidio a Silverio Reyes, de la misma comunidad. Obviamente Diego Fernando no lo podía reconocer a distancia en la obscuridad de la noche. Primero lo inmovilizaron amarrándolo con una cobija, luego lo presionaron con las rodillas, trepados sobre su cuerpo y comenzaron a meterle agua por la nariz repetida y violentamente. Dejaron a Diego invadido por un terror que le paralizó el alma y lo incapacitó para trabajar durante meses. Toda su comunidad es testigo de que Diego perdió su sombra y quedó inerme y afectado hasta que los baadí, los sabios otomíes de El Pericón, lograron ayudarle a recuperala.
Diego declaró ante el fiscal itinerante, en presencia de una intérprete oficial y relató en ñuhú lo sucedido, y la tortura a la que lo sometieron los ministeriales momentos antes. Pero tanto el fiscal como la intérprete torcieron su testimonio y redactaron una versión falsificada en español que Diego no entendió. Le pidieron firmarla y retirarse. Más adelante, con el apoyo de sus asesores jurídicos, pudo saber que su declaración fue falsificada para avalar la aprehensión de Silverio Reyes que hoy permanece en prisión, aunque Diego ha aclarado que nunca lo señaló como responsable.
El 30 de junio de 2023, Diego presentó una denuncia formal por tortura con el apoyo Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. La fiscalía especializada abrió la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/219/2023, pero durante más de cuatro meses no realizó ninguna acción sustancial. Esa negligencia imperdonable en una fiscalía especializada provocó una demanda de amparo, admitida hasta marzo de 2024. A partir de entonces se realizaron diligencias, como la ratificación de su denuncia, la inscripción del caso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet).
Pese a estas evidencias y del avance impulsado por el juicio de amparo, el 25 de marzo pasado la Fiscalía Especializada en Tortura anunció su intención de cerrar el caso, y envió una determinación de no ejercicio de la acción penal a revisión de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. Es decir, considera que Diego no fue víctima de tortura, a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto.
Los datos más recientes del Renadet, publicados en julio de 2024 con motivo del amparo, revelan que Veracruz es el segundo estado con más carpetas de investigación por tortura (2019-2023) y el primero con más víctimas. La policía ministerial es la autoridad más señalada como responsable. Los indígenas son el segundo grupo más afectado.
Esto resulta especialmente grave, ya que su testimonio falsificado, sigue siendo utilizado por la FGEV para mantener en prisión a una persona acusada de homicidio. Diego ha reiterado que esa declaración es falsa, que lo obligaron a firmarla, bajo el terror de la tortura.
Las organizaciones acompañantes exigen que se garantice una investigación seria, imparcial y con enfoque intercultural, que no cierre el caso sin agotar todas las diligencias pendientes ni sin asegurar justicia para Diego Fernando.
Las cifras más recientes del Renadet colocan a Veracruz como el segundo estado con investigaciones abiertas y sin concluir, por tortura y otros tratos crueles, sólo por debajo de la Ciudad de México. Entre 2019 y 2024, en Veracruz se iniciaron 2 mil 441 pesquisas relacionadas con estos delitos.
Lo más alarmante es que Veracruz encabeza la lista de víctimas registradas a escala nacional, con 4 mil 61 afectados. Los principales grupos son discapacitados (993 casos) y personas indígenas (667 casos). Estos datos revelan una aberrante práctica estructural de tortura hacia poblaciones históricamente discriminadas.
La policía ministerial figura como la institución más denunciada como torturadora con mil 352 señalamientos, seguida por las Secretaría de Seguridad Pública estatal. Por supuesto, la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura debe ser puesta en entredicho por su incapacidad en combatir este ilícito heredado de los años más obscuros de nuestra historia. La tortura contra el otomí Diego Fernando debe ser reconocida y los torturadores castigados.
*Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz
