Residentes de las colonias San Ángel, San Ángel Inn y el pueblo Tlacopac, en Álvaro Obregón, denunciaron la violación sistemática del uso de suelo, porque se han identificado al menos 50 domicilios habilitados como oficinas, laboratorios, bodegas, despachos de abogados, entre otros establecimientos, en zona de conservación patrimonial.

En conferencia de prensa, los representantes vecinales de las dos colonias y el pueblo que comparten el programa parcial, reprocharon que las autoridades capitalinas han abusado de la autorización de Certificados de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad (CUSRA) que solicitan los particulares.

Sin embargo, ante la organización vecinal, los particulares han promovido amparos, sin que hasta el momento los colonos conozcan el número exacto de predios que cuentan con la protección judicial.

Aseguraron que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial emitió una resolución en junio de 2024 en la que señaló que la ley de Desarrollo Urbano y Vivienda prohíbe la entrega de CUSRA en programas parciales.

La representante vecinal de San Ángel Inn, Elba Correa Inn, dijo que hay al menos 17 violaciones al uso de suelo en diferentes predios en sólo ocho cuadras que comprende la pequeña colonia.

En el caso de Tlacopac suman más de 29 casos y en San Ángel se identificaron seis CUSRA ilegales.

Josefina Mac Gregor, presidenta de colonos de San Ángel Inn, San Ángel y Tacopac, exigió al gobierno capitalino parar el otorgamiento irregular de estos certificados y dejar sin efecto los ya autorizados.

Los colonos reprocharon que se hayan presentado más de 40 solicitudes de verificación de obras a la alcaldía Alvaro Obregón, sin que hasta el momento haya realizado las inspecciones.

Recordaron que en la pasada administración autoridades de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realizaron algunas verificaciones y a pesar de que se colocaron sellos de suspensión de actividades, de manera clandestina siguieron funcionando los giros en domicilios con uso de suelo habitacional.

En un comunicado, los quejosos señalaron que “estos modus operandi de abuso por parte de los ocupantes de predios y la omisión y colusión de algunas autoridades han derivado en daños irreversibles al patrimonio, problemas de seguridad, de tránsito, de basura, de deterioro del empedrado y demanda de servicios”.

Apremiaron a Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana para que instrumente los mecanismos que detengan el otorgamiento irregular de los CUSRA.

Se pronunciaron a favor de que el Congreso local exhorte a las autoridades capitalinas para que den fin a la entrega de los certificados.