Jueves 8 de mayo de 2025, p. 28
Pequeños negocios de colonias que se localizan en los límites de las alcaldías Benito Juárez e Iztapalapa piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno su intervención, mayor vigilancia y que investiguen a un grupo criminal cuyos integrantes se presentan como de la Unión Tepito para exigirles cuotas de hasta 40 mil pesos.
A fondas, tiendas, tortillerías, talleres mecánicos y hasta de fierro viejo se han presentado jóvenes en motocicleta para amenazar por igual a dueños y trabajadores de que algo les puede suceder a ellos o al establecimiento si no pagan la cuota
.
En algunos casos, los afectados han decidido cerrar sus negocios durante varios días porque las cantidades que piden son muy altas y van según el giro comercial
. Por esa razón, se encuentran asustados y temen que las amenazas se cumplan.
En la zona operan varias bandas de sujetos dedicados a la venta de drogas; hasta hace poco se empezó a escuchar la presencia de la Unión Tepito, que dicen se quiere quedar con el control de este territorio e incluso empezó el cobro de cuotas
, comentó uno de los comerciantes afectados.
Niegan amparo a El Chori
Por otra parte, un juez federal negó el amparo a Eduardo Ramírez Tiburcio, El Chori, presunto cabecilla de la Unión Tepito, contra la vinculación a proceso que se le dictó por presuntos delitos de asociación delictuosa agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Chori, quien fue detenido en marzo de 2024, era uno de los objetivos prioritarios por quien la fiscalía capitalina ofreció una recompensa de 5 millones de pesos.
Las autoridades capitalinas también relacionan a dicho sujeto con homicidio doloso, amenazas, secuestro y extorsión, así como reclutar a jóvenes a los cuales proporcionaba armas para que participaran en actividades delictivas.
La defensa de El Chori promovió el recurso ante el juzgado sexto de distrito en materia penal el 21 de octubre de 2024; sin embargo, el juez Juan Mateo Brieba de Castro le negó la protección de la justicia federal con el argumento de que es legal el auto de vinculación a proceso.