l artículo de Zedillo en Letras Libres y su entrevista en Nexos han traído a la discusión pública un asunto que parecía olvidado: el Fobaproa. Queriéndose ocupar del asesinato de la democracia, del surgimiento de un régimen autocrático y tiránico, de la necesidad de auditar los grandes proyectos de inversión del sexenio de AMLO, Zedillo quiso pasar rápidamente por el rescate bancario que se implementó en su gobierno y que, según él, fue auditado y se encontró que todo había sido hecho correctamente, por lo que ya no sería un problema.

No es así. Se trata de un asunto de enorme importancia y que marca al gobierno de Zedillo. Como lo marcan también la crisis provocada por los errores de diciembre de 1994, que golpearon duramente a muchos hogares mexicanos. Más aún, la matanza de Acteal y Aguas Blancas. Aunque fue un actor relevante en los procesos electorales de 1997 y 2000 y en la consolidación del IFE como órgano independiente y ciudadano, el mérito fundamental le corresponde a la ciudadanía y a los partidos que abrieron las puertas para convertirnos en una verdadera democracia constitucional.

El escandaloso rescate a los bancos a través de Fobaproa, luego fue convertido en deuda pública gracias al voto de las bancadas del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados en diciembre de 1998. La gestión de la crisis bancaria, además de su arbitrariedad manifiesta, no fue cabalmente auditada porque, como lo informó puntualmente M. Mackey, los actores, es decir, el gobierno y los bancos rescatados, no entregaron la información necesaria para que pudieran hacerse los análisis obligados por una auditoría. De modo que Mackey entregó un informe, no una auditoría. Sin proponérselo, Zedillo y sus promotores regresaron a la discusión nacional el asunto del Fobaproa y su legitimidad.

El gobierno zedillista utilizó a esta entidad para ofrecer recursos a los bancos privados que estaban en crisis de cartera vencida. Muchas operaciones crediticias incumplieron con las sanas prácticas bancarias: hubo créditos relacionados, sin documentarse y sin garantías. Se trató de créditos que nunca debieron considerarse para el salvamento bancario y que se aceptaron porque el gobierno no supervisó los créditos que fueron entregados al Fobaproa, de modo que esa entidad aceptó créditos evidentemente incobrables.

Los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en diciembre de 1998 conformaron una mayoría que aprobó sustituir los pagarés Fobaproa, por pagarés IPAB y establecer que este nuevo ente se haría cargo de pagar el capital e intereses por los créditos que el gobierno le compró a los bancos para restituirles liquidez y salvarlos de la quiebra. El monto total del pasivo fue de 687 mil 844 millones de pesos. El acuerdo de diciembre de 1998 cambió pasivos generados desde 1995, cuando iniciaron los intercambios de cartera por estos pagarés, que estaban pactados a una tasa de Cetes + 1 o Cetes + 3, dependiendo del banco involucrado.

A 30 años del inicio del rescate bancario se han pagado un poco más de 2 billones de pesos, a precios actualizados a marzo de este 2025. Se debían 688 mil millones y el gobierno ha pagado más de 2 billones de pesos y, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, todavía se adeudan un billón 127 mil 264 millones de pesos de pagarés y 32 mil 220.8 millones del programa de apoyo a deudores, en total un billón 159 mil 484.8 millones. Se trata de un pasivo cuyo fin está en el infinito.

La llegada del gobierno de Morena en 2018 y su continuación en 2024 ha seguido pagando esta deuda como si se tratara de algo ineluctable. El Congreso nunca debió aprobar este intercambio de pagarés Fobaproa por pagarés IPAB. Lo hizo y creó un pasivo del gobierno que 30 años después sigue vivo, pese a que se han pagado 2 billones de pesos, una cantidad exorbitante. Es momento de renegociar estos pagarés IPAB. El gobierno mexicano no está obligado a seguir honrando esa deuda. Lo ha hecho desde diciembre de 1998, durante 26 años.

Se ha pagado, aunque los bancos rescatados dejaron de existir hace años y los que retuvieron esos pagarés han recuperado más de lo que comprometieron con esos créditos. Los bancos privados que operan en México son extraordinariamente rentables y pueden seguir operando sin los ingresos que, en su caso, derivan del pago de los intereses de los pagarés IPAB. Las finanzas públicas, por su parte, están en una situación en la que hay muy poco margen de maniobra.

Consecuentemente, eliminar esa partida del ramo 34 Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores o deudores de la Banca, generaría un espacio fiscal que pudiera utilizarse para programas de contenido social. No hay que esperar mucho para proponerse esto. Si se resuelve, la cantaleta de Zedillo habrá servido para algo más relevante que llenar espacios de Letras Libres y Nexos.