Trabajadores de la aduana de Manzanillo, Colima, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra Javier Pinto Torres, delegado de la Secretaría de Gobernación, por el uso excesivo de la fuerza en el operativo que encabezó para desalojar una protesta el pasado viernes. Los empleados denunciaron ser objeto de acoso laboral.

En rueda de prensa, Vladimir Ferruzca, encargado de supervisión aduanera, acompañado por un grupo de compañeros, explicaron que Pinto Torres, dirigió la operación para concluir de manera violenta el bloqueo al transporte de carga que mantenían en el recinto portuario desde el 12 de mayo, con al menos 100 policía estatales y granaderos.

Declararon que desde hace meses son hostigados laboralmente, y que ya habían denunciado las irregularidades en el Órgano Interno de Control del sistema aduanal, pero no recibieron respuesta, por lo que decidieron manifestarse.

Explicaron que aunque fueron recibidos y dialogaron con personal de la Administradora del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y de la Secretaría de Marina, no cumplieron los acuerdos.

Ferruzca aseguró que el pasado miércoles despidieron a cuatro compañeros más y entonces salimos a organizarnos.

La noche del jueves, Javier Pinto, delegado de Gobernación, diálogo con los trabajadores “quedamos de hablar de nuevo; sin embargo, lo que siguió fue la represión. Por eso nos fuimos el viernes a las 2 de la mañana y vino un colapso en la aduana (la cual a diario recibe hasta 4 mil tractocamiones y el flujo de vehículos es continuo).

Según videos que circularon en redes sociales, quienes participaron en las recientes protestas en la aduana de Manzanillo lo habrían hecho a cambio de una remuneración económica. Trascendió que algunos de los funcionarios que fueron cesados estarían implicados en prácticas irregulares dentro del recinto portuario, como evasión fiscal y actos de corrupción.