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Fiscal general acusa a Netanyahu de utilizar la guerra para diezmar el Poder Judicial
 
Periódico La Jornada
Martes 27 de mayo de 2025, p. 21

Madrid. La fiscal general de Israel, Gali Baharav Miara, acusó ayer al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de utilizar la guerra en Gaza como una distracción para impulsar legislaciones que ponen en jaque la democracia, especialmente la independencia del Poder Judicial.

Hay un debilitamiento considerable de las instituciones democráticas. El daño continuo al Poder Judicial es particularmente peligroso, advirtió en un discurso con motivo de la conferencia anual del Colegio de Abogados locall.

Al criticar las medidas impulsadas por el Ejecutivo, la fiscal general señaló que éstas podrían cambiar la imagen del país como una democracia con un sistema judicial independiente. No es una advertencia hacia el futuro, sino una imagen de la realidad, sentenció.

Critican falta de contrapesos

En tanto, el presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, calificó de delicado y frágil el tejido democrático del país. El Estado carece de herramientas que puedan equilibrar los poderes del gobierno, resaltó, de acuerdo con los reportes informativos de varios medios israelíes.

Amit subrayó: los intentos de socavar el principio de independencia judicial no tendrán éxito, pese a que la justicia esté bajo ataque. El Poder Judicial se mantendrá firme ante los intentos de erosionar sus facultades y obligaciones, recalcó durante el acto.

El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, reviró que lo que está bajo ataque es la soberanía de la gente, reportó el diario The Times of Israel.

El Parlamento israelí aprobó a finales de marzo la polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu, con la que el gobierno busca aumentar su poder en el nombramiento de jueces y limitar así las decisiones de los tribunales.

Las voces críticas aseguran que la normativa, que entrará en vigor la próxima legislatura, politizará los nombramientos judiciales y socavará la separación de poderes en Israel. La oposición, que boicoteó la votación, ha prometido retirar la nueva ley el próximo gobierno.