La inmobiliaria Trepi SA pretende obtener una indemnización por parte del Congreso capitalino luego de que el pleno ratificó el 9 de abril la zonificación de área verde al predio de Montes Apalaches 525, en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, para impedir la construcción de una torre de departamentos.

Por medio de su área jurídica, el Legislativo respondió en sentido negativo a un requerimiento del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa por el que la inmobiliaria solicitó una reunión con el Congreso a efecto de que se cubran las indemnizaciones correspondientes, al considerar que con la determinación, incumplió la ejecutoria de 2016 en la que se ordenó autorizar la modificación de uso de suelo de área verde al de habitacional.

La notificación del juzgado, dentro del juicio de amparo 1321/2007, advirtió al Congreso que en el supuesto de que no aceptar la junta solicitada por la inmobiliaria, ésta misma pidió que se tramite la inejecución de sentencia y se dé vista al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

En respuesta al juzgado, la titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Karen Maribel Lindner Díaz, explicó que el 9 de abril se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el que se restituyó el uso de suelo de área verde al predio, que adquirió en julio de 1987 al entrar en vigor el programa parcial de desarrollo urbano de Miguel Hidalgo.

Con la emisión de dicho acuerdo se dio cabal cumplimiento a la sentencia de 2016, por lo que con relación a la petición de indemnización por ende, es de considerar que no existe sustento legal alguno que permita declarar procedente la indemnización solicitada por la quejosa; en tal sentido, este Congreso se manifiesta no conforme con la petición de reunión que hace Inmobiliaria Trepi SA.

Lindner Díaz solicita que en caso de que el juzgado en materia administrativa resuelva no tener por cumplidos los efectos de la sentencia, en términos de la tesis de jurisprudencia con número de registro 2029451 se turne el presente expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto.