Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se aprobaron por unanimidad medidas inhibitorias contra los llamados acordeones en la elección judicial, la presidenta Guadalupe Taddei equiparó esas prácticas con los llamados a no votar, considerando a ambos posibles delitos electorales.

Eso también es un delito electoral. Lo dijo claramente el consejero Arturo Castillo: aquellos que coaccionen o induzcan el voto en la casilla electoral, así como quienes intenten inhibirlo, están cometiendo un delito electoral, señaló durante su intervención.

En el primer día de veda electoral, algunos consejeros calificaron de especialmente vergonzoso, grave e inmoral que quienes elaboran y distribuyen los acordeones sean integrantes de partidos políticos o de estructuras gubernamentales.

Que quede claro: quienes han ordenado, permitido e impulsado la elaboración y difusión masiva de los llamados acordeones son una vergüenza para la democracia; demócratas no son, sino sus sepultureros, sostuvo el consejero Martín Faz.

Por su parte, la consejera Dania Ravel afirmó que esas operaciones constituyen una amenaza directa a la libertad del voto, y sobre todo afectan la confianza en el proceso y la legitimidad de los resultados. Esto dañará no sólo a quienes resulten elegidos, sino a la democracia en general, advirtió.

Comentó que el INE no tiene certeza de quiénes están detrás de estos actos, aunque las medidas inhibitorias aprobadas deben vincularse a servidores públicos. El INE no está dispuesto a traicionar la promesa de la democracia de un voto sin presiones, agregó.

Tanto en el acuerdo aprobado por unanimidad como en las intervenciones de los consejeros Carla Humphrey, Jaime Rivera y Claudia Zavala, quedó claro que el reparto de estas guías podría constituir propaganda electoral prohibida y, por tanto, eventuales faltas graves en materia de fiscalización, así como delitos tipificados en el ámbito penal.

El consejero Castillo explicó que los electores pueden llevar apuntes a la casilla para apoyar su decisión personalísima, pero no se pueden utilizar guías o materiales similares con fines de propaganda o para inducir o coaccionar el voto. ¿Por qué no se puede?, preguntó. Lo adelantaba el consejero Faz: porque se trata de propaganda, en principio, aparentemente ilícita.

El consejero detalló que si estas guías o acordeones fueron elaborados por sujetos distintos a las personas candidatas, se estarían violando normas constitucionales y legales: una que prohíbe el financiamiento público o privado de las campañas –incluidas las aportaciones en especie– y otra que impide a partidos y servidores públicos realizar cualquier acto de proselitismo durante esta elección.

Por otro lado, si los acordeones fueron distribuidos por los propios contendientes, entonces se trataría de propaganda para varias candidaturas de manera simultánea, lo cual también está prohibido por las nuevas reglas.

Lo más grave, añadió, es que las conductas de los últimos días hacen pensar si estos acordeones se están utilizando con fines de coacción o compra del voto.

El artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece: Se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada, en el interior de las casillas o en lugares donde se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstengan de emitirlo.

También se sancionará a quien solicite votos a cambio de pago, promesas de dinero u otras contraprestaciones, o quien, mediante violencia o amenazas, obligue a otro a asistir a eventos, votar o abstenerse de hacerlo, así como a quienes violen la secrecía del sufragio.

La investigación de este tipo de propaganda ilícita no corresponde al INE, sino a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Contrario a lo que se pudiera pensar, este tipo de estrategias no legitiman la elección; por el contrario, deslegitiman su resultado, advirtió Castillo, sobre todo en una elección para renovar el Poder Judicial que está bajo la mirada de todo el mundo democrático.

Hasta ayer, el INE tenía registradas tres denuncias: dos presentadas antes de la elaboración del acuerdo para emitir esta tutela inhibitoria, y una tercera interpuesta por la organización Proyecto Justicia en Común AC.

El instituto ha recibido 101 escritos de deslinde de candidaturas mencionadas en los acordeones, ya que si no existe esta manifestación, la Unidad Técnica de Fiscalización podría contabilizarlos como gastos a su favor.

Los denunciantes presentaron como pruebas materiales periodísticos y señalaron a funcionarios del gobierno de Nuevo León —encabezado por el gobernador Samuel García—, así como a integrantes de su partido, Movimiento Ciudadano, además de servidores públicos y personas vinculadas a Morena.

Anteriormente, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE autorizó el retiro de pintas en bardas de la Ciudad de México, hechos denunciados por el secretario de Mexicanos en el Exterior de Morena, quien alegó que tal propaganda forma parte de una campaña de desprestigio contra él y su partido.