La mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para sancionar con arresto inconmutable de 36 horas los abusos de los franeleros, a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, que preside el diputado de Morena Alberto Martínez Urincho, en conjunto con Justicia Cívica y Defensoría Pública, encabezada por el panista Mario Enrique Sánchez.

El plazo constitucional de 10 días para que los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria el pasado 18 de junio, concluye el martes, por lo que las comisiones podrán iniciar la dictaminación del proyecto.

En su exposición de motivos, la propuesta refiere que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales reportó un crecimiento de las remisiones por esa actividad de 3 mil 682 en 2019 a más de 7 mil en 2024.

Agrega que eso se sustenta porque en muchos casos las personas que apartan lugares y los ofrecen para estacionar solicitan el pago de una cuota o propina, que puede dejar de ser voluntaria bajo amenaza de causar daño al vehículo o a quien se niegue a cubrirla, lo que puede dar lugar a la actualización de los delitos de extorsión, amenazas, daño a la propiedad, robo de autopartes y lesiones.

De esa manera, esquematiza niveles de riesgo alto, medio y bajo, que en el primer caso advierte de la vinculación de los llamados franeleros con organizaciones delictivas asociadas con delitos como narcomenudeo, en tanto que según datos de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, representa una actividad económica no regulada con ingresos semanales de más de 2 millones de pesos.

Antes de la sesión en la que se dio turno a la iniciativa, el PAN reclamó que la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública apareciera como codictaminadora y sea la de Administración y Procuración de Justicia como primera comisión la encargada de elaborar el proyecto de dictamen.

La presidenta de la mesa directiva, Martha Ávila, justificó la determinación por el alcance de proyecto que tiene como fin inhibir las infracciones que pudieran escalar a conductas delictivas.