Con más de 70 cambios a la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum, se aprobó ayer en comisiones del Senado la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión sin modificar el espíritu de esa legislación que es cerrar la brecha digital, garantizar los derechos de las audiencias, apoyar a los medios sociales y fortalecer la soberanía tecnológica del país.

En la discusión, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Álvarez Lima, hizo notar que, gracias al ejercicio democrático que significó abrir a discusión la iniciativa, se logró una ley con sentido social y ya no dominada por intereses minoritarios y comerciales.

Esa legislación reglamentaria, que crea la Agencia de Transformación Digital, en lugar del de- saparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), fue aprobada con 29 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones. Se turnó a la mesa directiva para votarse en la sesión extraordinaria de hoy.

Legisladores de PAN y PRI reconocieron que hubo avances, pero el coordinador panista, Ricardo Anaya, dijo que se mantiene de manera encubierta el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, la geolocalización en tiempo real y la posibilidad de suspender transmisiones.

El morenista Javier Corral le hizo notar que esas disposiciones están desde la reforma a la entonces Ley de Telecomunicaciones que PRI y PAN aprobaron en 2014, y le corrigió también que la Corte nunca declaró inconstitucional la suspensión precautoria de transmisiones, que es facultad del Estado para proteger el interés público.

Por la noche, Anaya declaró que negociaba con Morena cambios al dictamen, entre ellos que la suspensión de transmisiones sea sólo para programas infantiles y, de aceptarse, el PAN votará a favor de la reforma.

Entre las principales modificaciones, se eliminó la disposición que permitía el bloqueo de plataformas digitales, punto que originó protestas y llevo a la realización de cinco conversatorios entre autoridades, concesionarios, académicos y expertos.

Se ratificó la prohibición a concesionarios de radio, televisión y a plataformas digitales de transmitir publicidad de gobiernos extranjeros. Asimismo, se añaden medidas para apoyar a medios sociales, indígenas, comunitarios y afromexicanos, al permitirles comercializar hasta 70 por ciento de su tiempo.